El Gobierno prepara una posible prórroga del escudo anticrisis más allá del 31 de diciembre, pese a que para entonces podría encontrarse en funciones. La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que opera cuando las Cortes están disueltas, previsiblemente aprobará este viernes la extensión de las medidas adoptadas a raíz de la guerra de Irán.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido desde Bruselas un respaldo amplio de los partidos. Con la autorización de la Cámara Baja, el paquete —que incluye, entre otras medidas, rebajas fiscales vinculadas a la energía— seguirá vigente hasta el último día del año. Sin embargo, el Ejecutivo ya trabaja en su continuidad para evitar que expire.
Las ayudas que desaparecerían el 1 de enero
El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, apuntó en el programa La hora de La 1 que el Ejecutivo mantiene abierta la opción de aprobar nuevas medidas para 2027. El periódico confirmó además que se estudia esta posibilidad.
Sin una nueva prórroga, a las 00.01 horas del 1 de enero de 2027 dejarían de aplicarse la bonificación de los carburantes, las ayudas directas al transporte, al campo y a la pesca, los descuentos reforzados del bono social, la prohibición de despedir para las empresas receptoras de ayudas y la bonificación del 80% en los peajes eléctricos.
Cuerpo recordó que el Gobierno ya ha prolongado en dos ocasiones el escudo anticrisis mediante paquetes trimestrales. «Vamos actualizando sabiendo que vamos a mantener el apoyo en estas circunstancias difíciles», afirmó, sin precisar ni qué medidas podrían continuar en 2027 ni la fecha en la que se aprobaría una nueva extensión.
La bonificación de los carburantes, pendiente de diciembre
Una de las principales incógnitas afecta al descuento en gasolina y gasóleo. La rebaja vigente de 20 céntimos por litro continuará durante noviembre, después de que el incremento interanual de ambos combustibles superase el 15% en septiembre, el umbral que activa la cláusula de salvaguarda.
Si esa cláusula no vuelve a activarse, la ayuda bajará a ocho céntimos por litro en diciembre. Posteriormente desaparecería el 1 de enero, salvo que el Gobierno apruebe otra prórroga, según fuentes del ministerio consultadas por este periódico.
El límite de un Gobierno en funciones
El calendario político complica la decisión. Las elecciones generales están convocadas para el próximo 29 de noviembre, por lo que cualquier medida aprobada después de esa fecha y antes de la constitución de un nuevo Ejecutivo correspondería a un Gobierno en funciones.
La legislación limita la actividad de un Ejecutivo en funciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, excepto cuando existan razones de urgencia debidamente acreditadas o motivos de interés general. No obstante, esta restricción no impediría necesariamente una nueva extensión del escudo anticrisis.
El Gobierno podría recurrir a un real decreto ley si justifica su urgencia, lo que permitiría mantener las ayudas sin esperar a la formación de un nuevo gabinete. Cuerpo señaló que, aun estando en funciones, puede aprobarse ese real decreto ley y remitirlo a la Comisión Permanente. La norma tendría que ser convalidada por la Diputación Permanente si las nuevas Cortes no se hubieran constituido, o por el Congreso cuando comenzara la legislatura.
Vigilancia sobre los alimentos y las energéticas
El Ejecutivo también pretende anticiparse a una posible subida de los precios de los alimentos. El último paquete anticrisis, cuya convalidación está prevista para este viernes, encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) controlar los precios en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución en supermercados.
El propósito es detectar tensiones y reunir información para adoptar medidas adicionales si el encarecimiento de la energía se traslada con más intensidad a la cesta de la compra. El Gobierno considera que los efectos de las crisis energéticas sobre los alimentos se producen con retraso, ya que los mayores costes de combustible, electricidad y fertilizantes pueden tardar meses en reflejarse en los precios finales.
La inflación alimentaria se situó en el 2,3% en septiembre, por debajo del IPC general, que alcanzó el 4,9%. Aun así, el Ejecutivo busca evitar un escenario como el posterior a la crisis energética de 2022, cuando el encarecimiento de los alimentos llegó a superar el 15%.
La supervisión alcanzará igualmente al sector energético. El Gobierno quiere analizar los beneficios vinculados al refinado de petróleo para estudiar actuaciones adicionales con las que repartir el coste de la crisis. Además, Moncloa ha solicitado a la Comisión Europea que evalúe un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
Por el momento, el Ejecutivo calcula que las medidas anticrisis supondrán un gasto superior a 10.000 millones de euros hasta el final del año. También estima que han reducido a la mitad el impacto de la crisis energética sobre los precios.