El Gobierno ha trasladado al Tribunal Supremo que, de los 31.390 expedientes revisados hasta el momento sobre nacionalizados por la conocida como ley de nietos, únicamente se han emitido 91 certificados de exilio. Esta cifra representa el 0,29% del total, menos de tres casos por cada mil, y constituye el requisito judicial exigido para poder votar en las elecciones del 29 de noviembre.

Los datos, actualizados a 21 de octubre, ponen de manifiesto la escasez de certificaciones emitidas a falta de apenas cinco semanas para los comicios generales. Mientras tanto, 163.020 nacionalizados continúan afectados por la suspensión cautelar de su derecho de sufragio.

Informes entregados al Tribunal Supremo

La Abogacía del Estado presentó el miércoles dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, además de otro documento del Instituto Nacional de Estadística (INE). La Sala Tercera del Supremo recoge que se han revisado 31.390 expedientes y que los consulados han expedido un total de 91 certificados.

Estos documentos evidencian la diferencia entre el número de expedientes analizados y los nacionalizados que han conseguido demostrar que sus ascendientes fueron víctimas de la Guerra Civil o de la persecución del Franquismo.

El origen de la controversia

El conflicto parte de una instrucción firmada el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La Ley de Memoria Democrática permitía acceder a la nacionalidad española a los descendientes de españoles que hubieran perdido o renunciado a ella debido al exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

Presunción administrativa de exilio

Sin embargo, la instrucción de Puente interpretó que los hijos y nietos de españoles originarios nacidos en el extranjero podían obtener la nacionalidad sin acreditar el exilio de sus antepasados. Asimismo, estableció una presunción de exilio para quienes abandonaron España entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Los recurrentes sostienen que esta interpretación amplió los supuestos contemplados por el legislador.

Los 91 certificados emitidos corresponden a descendientes que han acreditado el exilio de sus familiares conforme a los criterios fijados por la Justicia. En los otros 31.299 expedientes revisados no consta que se haya emitido ese documento. Los autos no declaran irregular la nacionalidad de esas personas ni determinan cuántas podrían lograr todavía la certificación.

La suspensión acordada por el Supremo afecta al derecho de voto, pero no a la nacionalidad. Para quedar fuera de esa medida, los afectados deben probar que sus ascendientes padecieron el exilio por alguna de las causas recogidas en la ley, sin recurrir a la presunción administrativa aprobada en 2022.

Los consulados, por tanto, deben acreditar de forma individual el exilio de cada ascendiente sin aplicar dicha presunción administrativa.

El Supremo exige el listado de afectados

Hay 163.020 inscritos en el extranjero cuya nacionalidad procede de la modalidad legal cuestionada. Aunque el Ejecutivo ha facilitado al tribunal el número de potenciales afectados, no ha aportado sus nombres pese a haber tramitado sus expedientes.

El Tribunal Supremo considera «incomprensible» esta omisión y advierte de que los ciudadanos afectados podrían verse privados del sufragio por la propia inacción de la Administración. Por este motivo, ha dado a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares hasta las 15.00 horas del 28 de octubre para enviar la relación nominal, bajo apercibimiento de multas coercitivas de 1.000 euros y de posibles responsabilidades penales.

La entrega de ese listado permitiría identificar a los electores concernidos, aunque seguiría pendiente la comprobación individual del exilio. La Junta Electoral Central ordenó el 14 de septiembre que los registros consulares certificaran los casos que cumplieran las exigencias judiciales. El balance remitido al tribunal se ha conocido más de un mes después de aquella orden.

Recursos y suspensión de los efectos electorales

La disputa también afecta a las competencias de la Administración electoral. Vox e Iustitia Europa recurrieron ante el Supremo la decisión de la Junta Electoral Central, que en julio afirmó no tener facultades para revisar la legalidad de las nacionalidades concedidas. Los recurrentes cuestionaron que pudiera desligarse de las consecuencias de esas nacionalizaciones sobre el censo.

En septiembre, el Supremo suspendió cautelarmente las nuevas altas en el CERA y los efectos electorales de las inscripciones ya efectuadas por la vía discutida. El 12 de octubre, el alto tribunal rechazó el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado.

El adelanto electoral ha incrementado las dificultades del proceso. De acuerdo con el INE, 2.769.645 españoles forman parte del censo exterior para estos comicios. El Supremo ha autorizado el envío de la documentación electoral entre el 24 y el 30 de octubre, pero exige advertir a los afectados de que recibir las papeletas no asegura que puedan ejercer su derecho al voto.

Votos separados del escrutinio

La Oficina del Censo deberá elaborar la relación de electores habilitados para votar después de verificar los certificados. Si alguno de los afectados sin esa acreditación deposita su voto en un consulado, los funcionarios deberán conservar su sobre por separado. Las juntas electorales provinciales solo podrán escrutar los sufragios de quienes figuren en el listado de personas habilitadas.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía se opusieron a suspender el voto de españoles cuya nacionalidad continúa vigente. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acudió al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de voto, igualdad y tutela judicial. El TC inadmitió el amparo el miércoles por considerarlo prematuro, al mantenerse abierta la vía judicial.

En su demanda, Gabilondo recordó que la presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955 ya aparecía en una instrucción de 2008 destinada a aplicar la anterior ley de memoria histórica.