Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Reflexiona sobre el Impacto del Ingreso Mínimo Vital

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha respondido a la evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que señalaba un impacto reducido del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Gobierno ha reconocido que esta ayuda puede mejorar su gestión, haciéndola más automática, y que se ha propuesto estudiar una estrategia para aumentar la distribución de las ayudas disponibles.

El ministerio afirmó que el Ingreso Mínimo Vital es una política que se implementó en un tiempo récord, durante un momento de crisis aguda causada por la pandemia, con el objetivo de proteger a los hogares más vulnerables. Este tipo de prestaciones, tanto en España como en Europa, suele tardar entre siete y ocho años en implementarse, mientras que el IMV se puso en marcha en tan solo dos meses.

Respuesta a las críticas y planes de mejora

El Gobierno ha respondido a las críticas de una medida cuyo impacto ha sido limitado hasta el momento. Según el ministerio, las conclusiones del informe de la AIReF se incorporarán a la fase de estudio y mejora. El equipo está realizando una evaluación exhaustiva de la política para identificar áreas de mejora basándose en la evidencia y las mejores prácticas a nivel internacional. El objetivo es avanzar hacia una prestación donde las cuantías reflejen con mayor agilidad la realidad económica de las familias y flexibilizar los criterios de acceso a la prestación.

A pesar de reconocer que el ritmo de distribución del IMV es bajo, el Gobierno considera que es positivo que cuatro años después de su aprobación, el IMV haya triplicado el número de beneficiarios que alcanzaron las rentas mínimas durante dos décadas de existencia.

La ayuda ha beneficiado ya a 860,000 hogares y 2.5 millones de personas, siendo especialmente importante para las familias con hijos. El 42.2% de los beneficiarios son menores (1,051,142) y en dos de cada tres hogares la titular es una mujer (67.2%).

Revalorización de la prestación

Desde la aprobación del IMV, se han invertido más de 11,000 millones de euros. La cuantía mínima del IMV (para hogares de una sola persona) ha aumentado de 461 euros en 2020 a 604 euros en 2024, lo que supone una revalorización del 31% en cuatro años.

La razón de ser del Ingreso Mínimo Vital es proporcionar una cobertura homogénea a todo el territorio, que luego las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) deben complementar en función de las necesidades de su población. Antes de la implantación del IMV en junio de 2020, existían 200,000 hogares receptores de rentas mínimas autonómicas. En este momento, el número de hogares beneficiarios es de 625,000, triplicando la cifra de 2020.

La mitad de las CCAA mantiene un número significativo de beneficiarios de sus rentas mínimas, mientras que la otra mitad ha hecho desaparecer sus programas de rentas mínimas, ahorrándoles 510 millones de euros, el 11% del gasto dedicado a este objetivo.

Desde la aprobación del IMV, el Estado ha incrementado un 150% la inversión dedicada por el Gobierno regional a la renta mínima (de 155 millones de euros dedicados por la RMI en 2019, se ha pasado a 376 millones de euros dedicados por el IMV en 2023).

Para el Gobierno, el incentivo al empleo, un desarrollo de la prestación que entró en vigor en 2023, «ha cumplido el objetivo para el que fue creado y ha repercutido en positivo entre quienes han compatibilizado la prestación con los ingresos procedentes del trabajo: casi 100,000 hogares».

El 30% de los hogares beneficiarios ha recibido el incentivo en 2023, y entre ellos, a la gran mayoría (hasta un 80%) se les ha excluido del cálculo de la prestación todo el incremento de renta, permitiéndoles cobrar la prestación íntegra más los nuevos ingresos. Esto ha supuesto una mejora de renta de hasta 2,400 euros anuales para los beneficiarios del incentivo, y ha ayudado a reducir el número de reclamaciones por revisión de importes.