La responsabilidad última: Fiscal General asume responsabilidad en polémico caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la «responsabilidad última» de la publicación de una polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía provincial. Esta nota, que se emitió para desmentir ciertas informaciones relativas a la actuación del Ministerio Público en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reveló datos de carácter personal que afectan a su derecho de defensa. García Ortiz ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asume esta responsabilidad.

En su escrito, García Ortiz pide al TSJM que remita el procedimiento en el que ahora están imputados dos fiscales, a la Sala Segunda del Supremo. La razón de esta solicitud es que, en su calidad de aforado, el tribunal superior carece de competencia para investigar los hechos.

El papel de García Ortiz y la protección de los fiscales de Madrid

Este movimiento del fiscal general, quien ha reconocido haber dado instrucciones «expresas y directas» para la publicación de la nota, se produce un mes después del inicio de la investigación. Esto ocurre a tres días de la comparecencia como testigos de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien se negó a publicar la nota, y el jefe de prensa de la Fiscalía del TSJ de Madrid.

El juez ya había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre “quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”.

García Ortiz asume la responsabilidad «jurídica» ante el instructor. Trata así de «proteger a las y los fiscales de Madrid» – tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto. Insiste también en que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, “en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada”, en referencia a González Amador, pareja de Ayuso.

En su escrito al TSJM, García Ortiz señala que no se puede desvelar ningún secreto cuando las informaciones difundidas en esa nota de prensa «habían circulado ya amplia y propiamente en los medios de comunicación». Añade que la instrucción de la Fiscalía General sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación, dispone que «la concreta intensidad de la reserva debe realizarse ponderando la naturaleza de los hechos investigados y las circunstancias concurrentes, que incluso pueden no requerir secreto alguno».

Secuencia de la filtración

García Ortiz indica que el primer conocimiento que tuvo sobre la existencia de esos correos electrónicos fue a través de los medios de comunicación la noche del 13 de marzo de este año. Afirma que «era, pues, de público conocimiento la existencia de los correos electrónicos, su contenido, los delitos fiscales reconocidos por la defensa del Sr. González Amador, la propuesta de pacto y una posible conformidad, aunque no en los términos interesadamente expuestos por los medios que inicialmente poseían y publicaron la información».

Continúa con su relato de hechos señalando que «a la vista de las publicaciones periodísticas (…) interesé la remisión de los correos electrónicos intercambiados entre la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y la defensa del investigado Sr. González Amador», comunicaciones que el fiscal Salto remitió directamente a la fiscal superior de Madrid y a la de la Provincial.

«Poner fin a un bulo»

Dice García Ortiz que no puede «consentir ni tolerar» que se cuestione la actuación de sus subordinados cuando «no existe indicio alguno» respecto a su participación en «la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador».

Asegura, además, que volvería a suscribir y ordenar la difusión de esa nota «para poner fin a un bulo» y amparar a «un compañero y extraordinario fiscal» ante informaciones que afectaban a la «honorabilidad y profesionalidad» del Ministerio Fiscal.