El constante problema de financiación que confronta la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha desencadenado un empeoramiento en la atención sanitaria. Este deterioro es especialmente notable en áreas críticas como la Oncología. Además, este problema de financiación ha llevado a una disminución en el número de funcionarios que optan por la sanidad privada.
Además, si la MUFACE colapsa debido a la falta de fondos, el efecto sería devastador en el sector privado. Se estima que 19 provincias se enfrentarían a un «serio riesgo» de cierre de hospitales, principalmente en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. Asimismo, esto desbordaría la sanidad pública, provocando un aumento del 266% en la lista de espera de consultas externas y un incremento del 115% en la lista de espera quirúrgica.
Estas conclusiones forman parte del informe ‘El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros’. Este informe fue presentado recientemente en la Facultad de Comercio y Turismo de Madrid y es producto de la colaboración entre la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
El informe representa un análisis en profundidad de la MUFACE, proporcionando información detallada y relevante en un momento crítico para las mutualidades. En el 2022, la MUFACE contaba con cerca de 1.5 millones de mutualistas, de los cuales el 70% eran titulares y el 30% beneficiarios. Sin embargo, en los últimos 10 años, el número total de mutualistas ha disminuido en un 5.1%.
Las provincias con mayor número de mutualistas son Madrid (16%), Barcelona (7%), Valencia (6%), Sevilla (5%) y Málaga (4%). En contraste, las provincias con menor representatividad son Álava (0.2%), Soria (0.3%), Ceuta (0.3%), Melilla (0.3%) y Teruel (0.3%).
En cuanto a la financiación, el gasto sanitario público estimado para 2023 es de 1.608 euros, mientras que la prima media ponderada de MUFACE es de 1.014 euros. Esto representa una diferencia significativa de 594 euros por mutualista y año. Si se toma en cuenta este diferencial para todos los mutualistas (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), el modelo de mutualismo aporta un ahorro al Estado superior a los 1.000 millones de euros al año.
En el supuesto de que la MUFACE desaparezca, el sector asegurador dejaría de facturar más de 1.700 millones de euros al año. Esto representa aproximadamente un 14% de su facturación. Por otro lado, los prestadores hospitalarios privados dejarían de facturar unos 1.000 millones de euros, lo que equivale a un 8% de la facturación total del sector.
Si la MUFACE desaparece, se estima que el sistema público tendría que asumir la totalidad de la prestación de los funcionarios que actualmente reciben atención en el sistema privado. Esto supondría un impacto económico de más de 1.000 millones de euros.
Finalmente, el informe destaca que el mutualista percibe una pérdida de calidad en la prestación del servicio en los últimos años, probablemente debido a una financiación insuficiente. Esto se refleja en la reducción en el número de hospitales y centros médicos concertados que prestan servicio, la eliminación de los servicios de Urgencias en determinados centros y la reducción en el número de especialistas y centros, especialmente en la especialidad de Oncología.