La disputa interna que ha surgido dentro del Ministerio Fiscal en España se trasladará este miércoles a la Junta de Fiscales de Sala, un órgano compuesto por 38 miembros de primera categoría y de diversas ideologías. Este cuerpo asistirá al fiscal general en la resolución de una batalla legal que ha provocado que la fiscal de la Provincial de Madrid, María de la O Silva, utilice el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para expresar su desacuerdo con la teniente fiscal del Supremo.
La controversia se ha centrado en el intento de inadmitir la querella del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra dos miembros del Ministerio Público acusados de revelación de secretos. La querella fue presentada por la fiscal Silva, quien ha defendido la necesidad de realizar una serie de diligencias mínimas para determinar quién fue el responsable de la filtración.
Por otro lado, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostiene que no es necesario realizar estas diligencias, que implicarían el análisis de todas las comunicaciones y correos electrónicos intercambiados entre la Fiscalía Provincial y la General. La negativa a realizar estas diligencias se basa en la creencia de que no ha habido delito de revelación, ya que los datos publicados sobre el novio de Ayuso ya eran conocidos por los medios de comunicación.
La Fiscalía Provincial de Madrid defendió su posición publicando los correos electrónicos intercambiados entre la defensa y el fiscal del caso. Esta acción tenía la intención de desmentir las informaciones que sugerían que el Ministerio Público ofreció a González Amador, novio de Ayuso, un acuerdo de conformidad. Según la Fiscalía, fue González Amador quien propuso dicho acuerdo, admitiendo en un correo electrónico la comisión de dos delitos fiscales y aceptando una pena de prisión de ocho meses y el pago de 525.000 euros.
Los fiscales que asisten a la reunión del miércoles tendrán acceso a la documentación pertinente, incluyendo el documento clave que desmiente las afirmaciones sobre quién propuso el acuerdo de conformidad. En este documento, la defensa de González Amador acepta la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública.
La defensa de González Amador intentó realizar una regularización tributaria, pero la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) advirtió que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad». La defensa también plantea la posibilidad de perder la capacidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y los beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses.
Este asunto ha puesto en la mira al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien asumió la responsabilidad última en un caso que ha generado polémica. Es probable que los miembros de la Junta afiliados a la Unión Progresista de Fiscales respalden el criterio de la teniente fiscal. Muchos de ellos han sido ascendidos a primera categoría desde el inicio del mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General, a pesar de que la UPF solo representa a unos 200 de los 2.500 fiscales en ejercicio. Actualmente, excluyendo al fiscal general, de los 37 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, 16 pertenecen a la UPF, 9 a la Asociación de Fiscales y 12 no están asociados.