El Tribunal Supremo, en un gesto de desesperación, ha instado a los políticos a renovar «sin demora» el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a causa de los estragos que está causando la situación de estancamiento y la imposibilidad de hacer nombramientos. Esta apelación viene en respuesta a un acuerdo adoptado a instancias de 33 magistrados del Tribunal, quienes han expresado su creciente preocupación por la incapacidad del CGPJ para llevar a cabo sus funciones.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la institución responsable de la adopción del acuerdo, ya se dirigió al CGPJ el 27 de septiembre de 2021 y el 27 de junio de 2022. En ambas ocasiones, la Sala solicitó que el CGPJ instara a las Cortes Generales a la «elección inmediata» de los vocales que deben reemplazar a aquellos que asumieron el cargo en 2013.
Al emitir esta solicitud, la Sala de Gobierno puso de relieve «los muy graves y crecientes problemas que el incumplimiento de la Constitución» y de la Ley Orgánica del Poder Judicial están causando. Asimismo, destacó cómo la privación al Consejo General del Poder Judicial en funciones de la facultad de hacer nombramientos discrecionales está suponiendo un obstáculo significativo para el Tribunal Supremo.
Los estragos de la inacción política
Lamentablemente, todas estas iniciativas han sido en vano. Según el Tribunal Supremo, aquellos que tienen la solución a este problema en sus manos no han hecho nada. Como resultado, el Tribunal Supremo actualmente carece de presidente y vicepresidente titulares, de los presidentes titulares de tres de sus cinco Salas y de veinticinco magistrados.
La Sala de Gobierno ha señalado que «el perjuicio causado es enorme». En primer lugar, se incumplen la Constitución y la Ley Orgánica, instrumentos que son violados por las propias Cortes Generales. En segundo lugar, el propio Consejo General del Poder Judicial se ve afectado, al igual que el Tribunal Supremo y otros tribunales, que parecen ser ignorados y privados de los magistrados que deben formar parte de ellos. Esto daña al Poder Judicial en su conjunto.
Los magistrados argumentan que lo peor no es la grave alteración del funcionamiento normal del Tribunal Supremo y otros órganos judiciales afectados, ni el «esfuerzo adicional» que se exige a los magistrados que los sirven. Más bien, es «el menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses».
Ante esta situación, los magistrados hacen un llamado a la responsabilidad de quienes tienen en sus manos «el remedio imprescindible» para que lo adopten sin más demora. Este llamado no solo resalta la urgencia de la situación, sino que también subraya el papel crucial que juegan las Cortes Generales y el CGPJ en el mantenimiento del sistema judicial y en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.