Cannabis, la droga más consumida en el mundo, ha visto un crecimiento del 21% en la última década, con cerca de 219 millones de consumidores, alrededor del 4% de la población global. Estos datos provienen de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los opiáceos le siguen, con 31,5 millones de consumidores en 2021, con la heroína siendo la droga más letal. La cocaína ocupa el tercer lugar, con 22 millones de adictos.
Según la UNODC, el cultivo de coca, cannabis y adormidera se expande a la misma velocidad que el consumo crece para satisfacer la demanda global. En 2022, la superficie total dedicada al cultivo de la adormidera aumentó un 28%. La producción de cocaína pura alcanzó un récord de 2.304 toneladas en 2021.
Dicha expansión de tierras explotadas para la producción de drogas ilícitas causa daños medioambientales que cada vez preocupan más a las autoridades en la lucha contra el narcotráfico. La ONU ha acuñado este fenómeno como ‘narcodeforestación‘, destacando su avance en el último informe de 2023 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
La ‘narcodeforestación’ es una realidad compleja que engloba varios problemas, desde daños ecológicos como la tala indiscriminada de árboles y contaminación del suelo y acuíferos, hasta la violación de derechos humanos en las comunidades locales donde se cultivan las drogas. Además, las mafias de la droga han diversificado sus actividades ilícitas, expandiéndose hacia la ‘minería ilegal’ y el tráfico de fauna y flora silvestres.
La JIFE advierte que la narcodeforestación amenaza a la selva y sus habitantes, especialmente a los pueblos indígenas. Las comunidades locales sufren desplazamientos forzados, envenenamientos por mercurio y están expuestas a una mayor violencia. A menudo ven destruidos sus medios de vida, los cuales están fuertemente vinculados al entorno.
Un ejemplo de esto es Ecuador, donde el deterioro del medio ambiente y la degradación de los recursos naturales por el cultivo de las hojas de coca y la producción de cocaína amenazan modos de vida en la frontera septentrional con Colombia. La situación podría forzar a las poblaciones vulnerables de la zona a participar en la economía ilícita, practicando contrabando de cocaína o de gasolina subvencionada para los traficantes de cocaína en el departamento de Nariño, Colombia.
En términos estrictamente ecológicos, los daños son significativos a nivel local. La producción de cocaína genera 8,9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, y se necesitan 300 litros de gasolina para producir un kilo de cocaína. Además, para producir las drogas se utilizan sustancias químicas nocivas que se filtran al subsuelo, provocando una extensa y dañina contaminación.
Además de las emisiones de CO2 y la contaminación por químicos, la deforestación a través de la tala directa también repercute en el balance de CO2 del planeta, atacando uno de sus ‘pulmones’. Las plantaciones de coca se están expandiendo por la región andina, provocando una notable deforestación, degradación del suelo y pérdida de la diversidad de la flora y la fauna de la zona.
La cuenca del Amazonas, una zona crítica para la biodiversidad, está perdiendo masa forestal debido a los cultivos de coca. Sin embargo, el fenómeno es difícil de combatir porque aprovecha la propia idiosincrasia de la selva para permanecer oculto. Además, en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú se concentra una intensa actividad ilícita de deforestación, impulsada por el comercio ilegal de madera y por el narcotráfico.
Los autores del informe de la UNODC instan a los gobiernos a mejorar las investigaciones y los datos disponibles sobre este fenómeno que vincula las drogas y los delitos medioambientales para poder adoptar medidas urgentes que combatan esta «amenaza».
No obstante, la lucha contra el narcotráfico también tiene su huella medioambiental. Los métodos que se utilizan para combatir los cultivos de coca, adormidera y cannabis a menudo son igualmente dañinos para el medioambiente, como rociar con pesticidas letales grandes plantaciones ilegales que, al final, afectan a otras especies. La ONU insta a los gobiernos a buscar un equilibrio en esta lucha.