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Adriana Lastra y Adrián Barbón critican los discursos de Monseñor Sanz

El descontento de los líderes políticos con las palabras del arzobispo enciende la polémica en Asturias

En un escenario político y social marcado por la tensión, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, han expresado su malestar con los recientes discursos del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Las declaraciones del líder religioso han generado un debate que ha trascendido el ámbito eclesiástico, involucrando a figuras políticas de primer nivel y a la sociedad en general.

Durante los últimos meses, Monseñor Sanz ha realizado una serie de pronunciamientos en los que ha abordado temas de alta sensibilidad política y social. En sus homilías y declaraciones públicas, el arzobispo ha criticado abiertamente decisiones gubernamentales y políticas implementadas tanto a nivel regional como nacional. Esto ha llevado a una respuesta contundente por parte de Lastra y Barbón, quienes consideran que las palabras de Sanz cruzan la línea de la neutralidad que debería mantener la Iglesia en asuntos políticos.

La Iglesia y la Política en Conflicto

Las tensiones entre la Iglesia y el Estado en Asturias no son nuevas, pero los recientes discursos de Monseñor Sanz han avivado el fuego de un conflicto latente. En uno de sus sermones más comentados, Sanz criticó duramente la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, calificándola de «ineficaz» y «descoordinada». Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como un ataque directo a la administración de Adrián Barbón y, por extensión, al Gobierno central.

Adriana Lastra, conocida por su defensa del laicismo y la separación entre Iglesia y Estado, no tardó en responder. «Es preocupante que un representante de la Iglesia utilice su púlpito para lanzar mensajes políticos que pueden dividir a la sociedad,» afirmó Lastra en una rueda de prensa. La delegada del Gobierno hizo hincapié en la importancia de mantener una clara distinción entre las funciones religiosas y las responsabilidades gubernamentales. «La Iglesia tiene un papel fundamental en la sociedad, pero debe ser cuidadosa en no intervenir en cuestiones políticas de manera tan directa,» añadió.

Por su parte, Adrián Barbón también se mostró crítico con las palabras de Sanz, aunque matizó sus declaraciones. «Respeto profundamente la labor de Monseñor Sanz como líder espiritual, pero creo que sus recientes intervenciones no contribuyen a la unidad y la concordia que todos deseamos,» señaló el presidente regional. Barbón subrayó que, en momentos de crisis como los actuales, es esencial que todas las instituciones trabajen juntas para superar los desafíos, en lugar de generar divisiones.

Las palabras de Sanz han encontrado eco en algunos sectores de la sociedad asturiana, especialmente entre aquellos que comparten sus críticas hacia el Gobierno. No obstante, también ha habido voces dentro de la propia Iglesia que han manifestado su desacuerdo con el tono y el contenido de sus discursos. Algunos sacerdotes y miembros de la comunidad eclesiástica han señalado que, aunque es legítimo que la Iglesia exprese su opinión sobre asuntos de interés público, esto debe hacerse de manera constructiva y respetuosa.

En este contexto, la polémica en torno a los discursos de Monseñor Sanz ha puesto de relieve la delicada relación entre la Iglesia y el Estado en España. A lo largo de la historia, ambos poderes han mantenido una relación compleja, marcada por momentos de colaboración y otros de conflicto. En la actualidad, la Constitución española garantiza la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado, pero las fronteras entre lo religioso y lo político a menudo se difuminan.

El debate sobre el papel de la Iglesia en la vida pública no es exclusivo de Asturias. En otras regiones de España y en muchos países del mundo, la cuestión de hasta qué punto los líderes religiosos deben involucrarse en asuntos políticos sigue siendo objeto de controversia. En este sentido, las declaraciones de Lastra y Barbón reflejan una preocupación más amplia sobre los límites de la influencia eclesiástica en la política contemporánea.

Uno de los puntos más controvertidos de los discursos de Sanz ha sido su postura sobre la gestión de la pandemia. El arzobispo ha criticado lo que él considera una falta de planificación y coordinación por parte de las autoridades sanitarias, así como las restricciones impuestas durante los periodos de mayor incidencia del virus. Estas críticas han resonado en un sector de la población que se siente insatisfecho con las medidas adoptadas por el Gobierno, pero también han generado un rechazo significativo entre aquellos que consideran que la Iglesia no debería inmiscuirse en estas cuestiones.

Adriana Lastra y Adrián Barbón han defendido en numerosas ocasiones la necesidad de seguir las recomendaciones de los expertos y de adoptar medidas basadas en criterios científicos. En sus respectivas intervenciones, ambos han reiterado su compromiso con la protección de la salud pública y han llamado a la responsabilidad colectiva. «En momentos tan difíciles como los que hemos vivido y seguimos viviendo, es fundamental que todas las instituciones trabajen juntas y que cada una respete su ámbito de actuación,» indicó Lastra.

El presidente Barbón ha enfatizado también la importancia de la unidad y la colaboración entre todos los actores sociales y políticos. «Nos enfrentamos a desafíos enormes, y la mejor manera de superarlos es con la cooperación y el diálogo. Todos debemos poner de nuestra parte para construir una sociedad más fuerte y solidaria,» declaró.

En medio de esta controversia, la figura de Monseñor Sanz sigue siendo objeto de debate. Algunos lo ven como un líder valiente que no teme expresar sus opiniones y defender lo que considera justo, mientras que otros lo critican por excederse en sus atribuciones y por adoptar un tono divisivo. Lo cierto es que sus palabras han generado un intenso debate que trasciende el ámbito religioso y que ha puesto de manifiesto las tensiones subyacentes en la sociedad asturiana.

Lastra y Barbón, por su parte, han insistido en la necesidad de mantener un equilibrio entre el respeto a la libertad de expresión y la responsabilidad que conlleva el ejercicio de un cargo público, ya sea religioso o político. Ambos han apelado a la sensatez y a la moderación, instando a todas las partes a trabajar juntas por el bien común y a evitar discursos que puedan exacerbar las divisiones.

En definitiva, la polémica en torno a los discursos de Monseñor Sanz refleja un conflicto más amplio sobre el papel de la Iglesia en la vida pública y sobre los límites de la intervención eclesiástica en asuntos políticos. Mientras algunos defienden el derecho de los líderes religiosos a expresar sus opiniones sobre cuestiones de interés general, otros abogan por una separación más estricta entre lo religioso y lo político. En cualquier caso, el debate está lejos de resolverse y promete seguir siendo un tema de discusión en los próximos meses.