La ciudad de La Coruña se encuentra en medio de un esfuerzo legal para revertir la venta de la Casa Cornide a la familia Franco y recuperar la propiedad para uso público. La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, anunció la decisión el miércoles, marcando el inicio de un largo proceso que se desarrollará en dos frentes.
El primer frente implica una revisión de los actos administrativos que permitieron la permuta del inmueble en 1958, que eventualmente llevó a la venta de la propiedad a la familia Franco. El segundo frente implica una revisión de las decisiones municipales que contribuyeron a la venta, incluyendo la subasta de la Casa en 1962 y su venta a Pedro Barrié de la Maza.
El plan de acción de la ciudad se basa en el informe de tres profesores de la Universidad de La Coruña (UDC) –Carlos Aymerich, Carlos Amoedo y José Manuel Busto–, que se presentó en 2020. Desde entonces, el gobierno de Inés Rey ha estado estudiando el informe y contrastándolo con la documentación archivada en distintos ministerios.
Uno de los puntos clave del informe es la declaración de nulidad de la permuta. Los expertos de la UDC argumentan que se omitió un trámite esencial en el proceso: la desafectación del inmueble como bien de dominio público. Sin este paso, el edificio no habría podido ser permutado con la ciudad. Tras meses de investigación, se confirmó que el informe de desafectación no existía, lo que podría hacer que se declare la nulidad del procedimiento.
Si se declara la nulidad de la permuta, esto podría provocar una anulación en cascada de todos los actos posteriores relacionados con la propiedad, incluyendo la subasta y las ventas a Barrié y a Carmen Polo, esposa del dictador Franco.
Además de la nulidad de la permuta, el Concello también está buscando anular los actos administrativos que protagonizó durante todo el proceso. Estos incluyen posibles nulidades en el pleno de agosto de 1962 y en el procedimiento de adjudicación tras la subasta.
El Concello también cuestiona la legalidad de la venta de la propiedad a Carmen Polo, argumentando que ella incurría en una serie de incompatibilidades al estar casada con el jefe del estado y al adquirir una vivienda de más de cien años de antigüedad sin la autorización necesaria.
Una vez que el pleno de la ciudad acuerde iniciar el procedimiento, este se remitirá a la Administración General del Estado, que tendrá un plazo máximo de seis meses para estudiar el caso y abrir el expediente administrativo correspondiente. Durante este proceso, se dará audiencia a los Franco, como interesados y actuales propietarios de la Casa Cornide. Si la familia no está de acuerdo con la resolución del expediente, podrán recurrirlo por la vía contenciosa, lo que podría retrasar considerablemente el proceso.
Si finalmente se anula la permuta y se retrotraen los actos al momento anterior, la propiedad revertirá a la propiedad del Estado. Sin embargo, para reclamarla a sus actuales propietarios, que tienen el inmueble inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, se tendría que iniciar un procedimiento civil. Este proceso es similar al que se utilizó en el caso del Pazo de Meirás hace cuatro años. Aunque los argumentos jurídicos serían diferentes, el itinerario podría ser muy similar: primera instancia, recurso ante la Audiencia Provincial y casación al Supremo.