En medio de una creciente ola de litigios e indemnizaciones relacionados con el cártel de coches y camiones, se espera que los próximos meses vean un aumento en las compensaciones a los clientes por la compra de vehículos hace algunos años. Las demandas de plataformas de reclamaciones colectivas están ganando aceptación en los tribunales, ofreciendo a los clientes perjudicados varias alternativas para presentar sus casos con costos mínimos. Sin embargo, la noticia más impactante, y que puede potenciar aún más la actividad judicial, es que los tribunales están mostrándose receptivos a los informes periciales que calculan las indemnizaciones a los clientes, con sumas a pagar cada vez más altas.
En junio pasado, el Tribunal Supremo dictaminó que los transportistas afectados por el cártel de camiones tenían derecho a ser indemnizados con el 5% del valor de adquisición del camión, a menos que pudieran acreditar otra valoración basada en informes periciales sólidos. Este 5% se aplicaba en general a las sentencias, pero dejaba abierta la posibilidad en cada reclamación de una suma mayor. Fuentes de Fenadismer destacan que la Plataforma de Afectados por el Cartel de Camiones, mediante un informe pericial bien elaborado, ha logrado incrementar al 16% el importe a recibir en diferentes Audiencias Provinciales, a pesar de la feroz oposición por parte de los fabricantes.
En febrero pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo condenando a Scania al confirmar su participación en el mencionado cártel de camiones. Esta sentencia ha reabierto el periodo judicial para que todos los afectados que adquirieron un vehículo de dicha marca puedan reclamar su correspondiente indemnización, siempre que lo hubieran adquirido entre los años 1997 y 2011. Algunos expertos consideran que esta sentencia puede reabrir reclamaciones a clientes de cualquier marca de camiones integrante del cártel, en concreto Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man, Renault-Volvo. La importancia del informe del peritaje también es relevante en el caso del cártel de coches (para los automóviles comprados entre 2006 y 2013.
Systema Capital, que ya encabezó la primera operación de ‘third party litigation funding’ o fondo creado para afrontar batallas judiciales con el cártel de camiones en 2019, ha anunciado una ambiciosa operación de financiación de la mayor plataforma de reclamación sobre el cartel de coches en España. Estos fondos, de 15 millones de euros para la defensa jurídica, tienen la capacidad para defender en reclamación conjunta a cerca de 100.000 afectados. La plataforma legal, conocida como A&P y comercialmente como ‘recuperatudinero.com’, representa un avance en la batalla contra el cártel de coches, ya que pretende atraer a empresas con flotas de vehículos y furgonetas.
Para Fenadismer, se ha abierto el plazo para reclamar contra Scania por su participación en el cártel de fabricantes de camiones tras la sentencia europea. En julio de 2016, la Comisión Europea impuso una sanción histórica a los principales fabricantes europeos de vehículos industriales por la fijación concertada de los precios de venta de los camiones, así como por retrasar la introducción de nuevas tecnologías para reducir sus emisiones.
Durante todo este tiempo, se han emitido un número considerable de sentencias por diferentes Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales de toda España. Los resultados han sido contradictorios y, en algunos casos, desfavorables a los intereses de los demandantes. Sin embargo, en junio pasado, el Tribunal Supremo dictaminó el derecho de los transportistas a ser resarcidos por el daño ocasionado derivado del sobreprecio aplicado por los fabricantes de camiones. Esta indemnización se limitó a un 5% del valor de adquisición del vehículo más los intereses legales, a menos que la reclamación fuera acompañada de un informe pericial sólido que permitiera acreditar y cuantificar una valoración diferente.
En el caso del cártel de coches, el 23 de julio de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 171 millones de euros a 21 empresas de automoción y a dos empresas consultoras por prácticas anticompetitivas. El Tribunal Supremo confirmó estas multas en 2021. Según la investigación de la CNMC, las marcas intercambiaban información confidencial entre ellas, coordinaban los márgenes de descuento de los concesionarios y, como resultado, no había ofertas agresivas.