Quince años de distancia entre rentas y sueldos
Quince años después del 15M, las tiendas de campaña han vuelto a la Puerta del Sol. Sin embargo, el escenario inmobiliario actual difiere del de 2011: entonces los precios bajaban, la construcción se hundía y el desempleo expulsaba a numerosas familias del mercado. Ahora, la principal dificultad se concentra en el acceso a la vivienda y en la cantidad de dinero necesaria para pagarla cada mes.
En 2011, Juan tenía 30 años, percibía el salario medio de entonces —1.940 euros mensuales— y buscaba una vivienda. El alquiler de un piso de 70 metros cuadrados rondaba los 588 euros al mes. Elena tiene esa misma edad en 2026, cobra 2.510 euros mensuales, según el salario medio del Instituto Nacional de Estadística (INE), y necesita más de 1.050 euros al mes para alquilar una vivienda equivalente.
Elena ingresa unos 570 euros más que Juan, pero paga cerca de 470 euros adicionales por el mismo alquiler. Desde 2011, el precio medio de oferta empleado en este cálculo ha aumentado cerca de un 80%, mientras que la referencia salarial se ha incrementado alrededor de un 29,5%.
Menos hogares propietarios y más alquiler
La forma de acceso a la vivienda también ha cambiado. España continúa siendo un país mayoritariamente de propietarios, aunque en menor medida que antes: en 2011, el 79,2% de los hogares residía en una vivienda en propiedad, porcentaje que descendió al 73,3% en 2025. En paralelo, el alquiler pasó del 14,5% al 20,2%.
Durante años, las políticas públicas buscaron elevar el peso del alquiler, dado que España partía de un mercado arrendaticio reducido frente a otros países europeos y de un modelo residencial basado en comprar una vivienda y afrontar una hipoteca durante décadas.
La crisis financiera modificó esa dinámica. El endurecimiento del crédito bancario, la pérdida de ingresos de muchas familias y la dificultad de reunir el ahorro para una entrada desplazaron parte de la demanda hacia el alquiler. Al mismo tiempo, la construcción sufría uno de los mayores frenazos de su historia reciente.
La brecha territorial en el esfuerzo para alquilar
La media nacional oculta diferencias significativas entre comunidades autónomas. Desde 2011, la distancia entre la evolución de los precios de la vivienda y los salarios ha sido mucho mayor en algunos territorios. Baleares y Madrid registran algunos de los mayores desajustes, mientras que en Castilla-La Mancha y Extremadura ambas variables han evolucionado de forma más cercana.
En 2026, alquilar una vivienda de 70 metros cuadrados exige, de media, cerca del 44% del salario en España. El esfuerzo se aproxima al 60% en Baleares y supera el 54% en Madrid. En cambio, Extremadura, Castilla-La Mancha y Navarra se sitúan por debajo del 30%.
La falta de asequibilidad alcanza incluso a mercados con precios menos elevados. En 2023, solo ocho de los 406 municipios españoles con más de 20.000 habitantes permitían a una persona que cobrara el salario mínimo dedicar como máximo el 30% de sus ingresos al alquiler medio. En cuatro de cada diez localidades, la renta rebasaba la mitad del SMI.
El País Vasco es la única comunidad donde los salarios y los alquileres han crecido de forma más pareja. Los mayores desfases entre ambas variables se observan en Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias: allí, el importe que se debe pagar se ha duplicado respecto a 2011, mientras los salarios han crecido, como máximo, alrededor de un tercio.
Dos generaciones ante el acceso a la vivienda
La edad profundiza las diferencias. En 2025, el 49,8% de los hogares cuya persona de referencia tenía entre 16 y 29 años vivía de alquiler a precio de mercado, mientras que solo el 30,6% era propietario. Entre los mayores de 65 años ocurre prácticamente lo contrario: el 88,2% reside en una vivienda en propiedad y el 82,4% ya la tiene completamente pagada.
Durante parte de la década pasada, el incremento del alquiler entre los jóvenes coincidió con una mayor movilidad residencial y laboral. Actualmente, además, tienen más peso el precio de la vivienda y el ahorro requerido para acceder a una compra.
La edad media de emancipación muestra esa dificultad: en 2025, los jóvenes españoles abandonaron el hogar familiar a los 30,2 años, frente a los 26,3 años de media en la Unión Europea. Entre quienes siguen viviendo con sus padres, la falta de recursos para comprar o alquilar figura entre los principales obstáculos.
Para Elena, un alquiler más caro también implica una menor capacidad de ahorro. Esta circunstancia resulta determinante para pasar a la compra, ya que las hipotecas no suelen financiar la totalidad del precio y requieren disponer de una entrada y de fondos para los gastos asociados.
De la crisis inmobiliaria a la presión sobre la oferta
El mercado comenzó a cambiar de rumbo a mediados de la pasada década. Con la recuperación de la economía y el empleo, los alquileres empezaron a elevarse con mayor intensidad en las grandes áreas urbanas. Desde 2016, el crecimiento de la población y la creación de nuevos hogares incrementaron las necesidades residenciales.
Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias y buena parte del litoral mediterráneo concentraron una parte relevante de esa presión, aunque el fenómeno se extendió con distinta intensidad por el resto de España.
También han adquirido relevancia fórmulas que apenas aparecían en el debate público en 2011. El alquiler temporal compite con el residencial en algunas ciudades; las viviendas turísticas tienen un peso destacado en determinados barrios y áreas costeras; y el mercado de habitaciones se ha ampliado. Su impacto varía según el territorio y ninguna de estas modalidades explica por sí sola el aumento general del mercado.
La movilización vuelve a Sol
Juan tampoco encontró un contexto sencillo en 2011: buscaba casa en un país con un desempleo muy elevado, crédito limitado y un sector inmobiliario en caída. Elena afronta una situación diferente. Tiene empleo y cobra más que aquel trabajador de 2011, pero debe dedicar una proporción más alta de su nómina únicamente al alquiler.
Este cambio coincide con el regreso de las tiendas de campaña a la Puerta del Sol. La acampada comenzó después de la manifestación celebrada durante el fin de semana por la crisis de la vivienda y del desahucio de Maricarmen, de 87 años, de la vivienda de alquiler en la que había residido durante décadas.
La movilización se produce mientras el Gobierno negocia contrarreloj un nuevo decreto de vivienda, que el Ejecutivo trabaja para llevar este martes al Consejo de Ministros. Entre las medidas en discusión figuran la prórroga de los contratos de alquiler, actuaciones contra los desahucios y un mayor control de los pisos turísticos. Dos generaciones, dos movimientos y dos ciclos inmobiliarios.

