Barcelona anuncia un plan para eliminar todos los pisos turísticos para 2028
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha desvelado un ambicioso plan para eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad dentro de los próximos cuatro años. La medida, que debe obtener la aprobación del plenario municipal, busca erradicar por completo las 10.000 viviendas que en estos momentos operan con licencia turística para noviembre de 2028. A pesar de que los socialistas no cuentan con la mayoría en el plenario, es probable que la iniciativa sea aprobada con el apoyo de los partidos políticos que se oponen al turismo en Barcelona.
El alcalde ha estado acompañado en la presentación de la propuesta por los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls. Collboni ha defendido que la propuesta busca incrementar el mercado de alquiler y compra-venta de pisos para uso residencial. «Será como fabricar 10.000 viviendas», ha señalado Collboni, remarcando que el «principal problema de la ciudad» es el «acceso a la vivienda». No obstante, ha reconocido que este tipo de políticas «no tienen resultados inmediatos».
Según ha aclarado el gobierno municipal, la medida afectará a «todos» los 10.000 pisos turísticos, independientemente de si están concentrados en un solo edificio o dispersos por la ciudad, en barrios congestionados o menos turísticos. «En 2028, Barcelona cesará la actividad de uso turístico en pisos residenciales», ha insistido Collboni. El plan se llevará a cabo conforme al polémico decreto de la Generalitat de noviembre de 2023.
Criticas al decreto de la Generalitat
Dicho decreto, que ha sido duramente criticado por el sector del turismo e incluso ha sido amenazado con acciones legales, busca regular las viviendas turísticas y permite que no se renueven las licencias que otorgan los municipios. El decreto fue aprobado en el Parlamento de Cataluña gracias a los votos del PSC, que acordó con ERC desarrollar la norma como ley, un proceso que ha generado división interna entre los alcaldes socialistas.
En base a este decreto, que no afecta a los pisos de temporada, el equipo de gobierno municipal ha defendido que podrá suprimir legalmente todas las licencias turísticas en noviembre de 2028. Por su parte, Valls se ha mostrado convencido de que la decisión tendrá encaje legal y que, en cualquier caso, desde el Ayuntamiento «no pueden ni quieren «renunciar» a regular la situación de los pisos turísticos y «el acceso a la vivienda» en la ciudad.»
Además de esta medida, Collboni también ha anunciado cambios en la normativa para que el 30% de las viviendas protegidas que deben implementar los constructores privados se puedan agrupar y trasladar a «parcelas diferentes» para facilitar la inversión y aumentar la producción. Esta medida, según el plan municipal, aumentará también la oferta de alquiler y, sobre todo, la compra-venta de viviendas.
El alcalde ha argumentado que la decisión ha sido motivada por el aumento del 68% en los alquileres en los últimos diez años y más de un 30% en los precios de compra-venta. Además, Bonet ha señalado que el Ayuntamiento solo puede construir unas 5.000 viviendas por mandato (cuatro años), por lo que ha destacado las 10.000 viviendas que dejarán de ser turísticas.
Reacción del sector del turismo
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha reaccionado rápidamente a las declaraciones del alcalde, acusándolo de «condenar al sector del turismo familiar a muerte» y calificando la decisión de «irresponsable» y «demagógica». Apartur ha recordado que lleva meses «alertando de los peligros» de aplicar el decreto de la Generalitat en Barcelona, ya que los pisos turísticos representan el 40% del alojamiento turístico de la ciudad y son utilizados, sobre todo, por familias. «El consistorio dice que no quiere pisos turísticos. ¿No queremos turismo familiar en Barcelona, de verdad? ¿Cuántas tiendas, restaurantes, museos tendrán que cerrar?», ha declarado Enrique Alcántara, presidente de Apartur.
Según datos de Apartur, los pisos turísticos en Barcelona representan solo el 0,77% del total del parque de viviendas. Por lo que, en opinión de Alcántara, la medida que pretende poner en marcha el Ayuntamiento es una «cortina de humo» por el fracaso de las políticas de vivienda que se han ido implementando a lo largo de los últimos años. Según Apartur, este sector da trabajo a unos 5.000 trabajadores de forma directa y aporta 347 millones de euros al año.