La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) ha propuesto imponer una tasa de 200.000 dólares por viaje a todos los buques con bandera española que operen en puertos estadounidenses. La iniciativa se enmarca en la investigación abierta por el rechazo de barcos de Estados Unidos en puertos españoles debido al transporte de mercancías vinculadas a Israel.
El organismo estadounidense también estudia restringir la importación de varias categorías de productos procedentes de España, entre ellas aceites y grasas, perfumería y cosméticos, cerámica, artículos de piedra, azúcar y confitería. Si se aprueban, ambas medidas afectarían tanto al transporte marítimo como a las exportaciones españolas.
La FMC aprecia discriminación contra buques estadounidenses
La decisión llega tras cerca de dos años de investigación. La FMC sostiene que ha hallado pruebas concluyentes de que España ha establecido condiciones desfavorables para el comercio marítimo de Estados Unidos. En diciembre de 2025, la Comisión ya había advertido sobre una posible discriminación; ahora ha concretado las medidas económicas que plantea adoptar.
La propuesta de tasa afectaría a todos los barcos que naveguen bajo bandera española, sin que importe la mercancía transportada. El recargo se aplicaría en cada viaje sujeto a la medida, por lo que no se trataría de una sanción única por embarcación. Un mismo buque podría acumular costes relevantes a lo largo del año si realizara varias operaciones gravadas.
Una parte significativa del comercio internacional se realiza mediante barcos registrados en terceros países. Esos buques no quedarían incluidos en la tasa únicamente por transportar mercancías españolas. La Comisión no ha detallado cuántos barcos españoles operan en Estados Unidos ni cuántos viajes anuales podrían verse afectados.
Posibles restricciones para aceite, cosméticos y cerámica
La segunda propuesta tiene un alcance potencialmente más amplio, ya que se centraría en la mercancía importada y no en la bandera del barco. Washington contempla limitar la entrada de cinco grandes grupos de productos españoles: perfumería y cosméticos; aceites y grasas; cerámica; artículos de piedra; y azúcar y confitería.
La inclusión de aceites y grasas sitúa bajo una posible amenaza al aceite de oliva español, uno de los productos más reconocidos de las exportaciones agroalimentarias nacionales. También podrían resultar afectados fabricantes de cosméticos, empresas cerámicas y productores de alimentos elaborados.
La FMC aún no ha especificado los productos concretos que quedarían sometidos a restricciones ni si estas adoptarían la forma de prohibiciones de entrada, límites cuantitativos u otras condiciones comerciales. La eventual medida alcanzaría a sectores sin relación con el transporte de material militar a Israel, que está en el origen de la controversia.
El origen del conflicto en los puertos españoles
Rechazos a barcos en 2024
El conflicto comenzó en 2024, cuando España denegó el acceso a determinados buques relacionados con el transporte de mercancías hacia Israel. En noviembre de ese año, al menos tres barcos con bandera estadounidense fueron rechazados en el puerto de Algeciras.
Algunos de esos barcos estaban vinculados al Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima estadounidense, una iniciativa que mantiene buques mercantes disponibles para las necesidades estratégicas y de seguridad nacional de Estados Unidos.
En diciembre de 2024, la Comisión inició una investigación formal para aclarar si esas decisiones suponían prácticas perjudiciales para el comercio exterior estadounidense. La legislación federal permite a este regulador intervenir cuando considera que otro país aplica condiciones discriminatorias o dañinas para el transporte marítimo de Estados Unidos.
Antecedentes de las posibles represalias
El 19 de diciembre de 2025, la Comisión identificó una política española de denegación de acceso a los puertos y consideró que seguía vigente. Entonces abrió un nuevo periodo de alegaciones para analizar la aplicación de las restricciones, los barcos afectados y sus efectos en las rutas comerciales, los costes operativos y la fiabilidad de las cadenas de suministro.
Aquel expediente ya contemplaba instrumentos como restricciones de carga, la prohibición de entrada de buques españoles en puertos de Estados Unidos y sanciones económicas de hasta dos millones de dólares por viaje, según el límite legal ajustado por inflación citado entonces por la Comisión. Esa cifra no era una multa aprobada, sino el máximo de una de las facultades sancionadoras que el organismo podía valorar.
La propuesta actual concreta una tasa de 200.000 dólares por viaje, inferior a aquel límite, junto con posibles restricciones a las importaciones. Se trata de dos herramientas distintas que podrían afectar a la vez a las navieras españolas y a empresas exportadoras que recurren a barcos de cualquier nacionalidad.
Respuesta de España y próximos pasos
La FMC considera que las decisiones españolas dañan la eficiencia y la fiabilidad del transporte marítimo internacional. Según el organismo, afectan a la capacidad de Estados Unidos para desarrollar sus exportaciones, mantener una flota mercante suficiente para sus necesidades comerciales y de seguridad nacional y asegurar la previsibilidad de las operaciones logísticas.
Aunque la controversia procede de la política del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Israel, la Comisión ha circunscrito su investigación a las consecuencias comerciales de impedir el acceso de determinados buques estadounidenses a puertos españoles. Washington sostiene que esas denegaciones suponen un trato desfavorable para sus operadores marítimos.
Durante la fase anterior del procedimiento, España defendió a través de su Embajada en Washington su derecho a determinar sus relaciones diplomáticas. La FMC respondió que mantendría la investigación dentro de sus competencias comerciales.
Fuentes gubernamentales han señalado que España defenderá sus intereses y los de sus empresas en coordinación con la Comisión Europea y los Estados miembros, al tratarse de una cuestión enmarcada en las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. También han insistido en el compromiso de mantener una relación económica y comercial sólida con EE UU basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo.
La Comisión ha solicitado comentarios públicos para evaluar las consecuencias de sus propuestas y determinar qué remedio aplicará. Asimismo, ofrecerá al Gobierno español la posibilidad de celebrar una audiencia antes de adoptar una resolución definitiva.