El Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya se encuentra en una situación de bloqueo presupuestario desde diciembre del año pasado, una circunstancia que amenaza con mantenerse en la segunda asamblea que se celebrará este miércoles 24 de abril. El conflicto comenzó cuando la mayoría de los colegiados rechazaron los presupuestos en una asamblea, en un movimiento de protesta contra la actual junta, cuya gestión ha sido objeto de críticas.
La psicóloga forense Mila Arch asegura que el «voto de castigo a la junta» ha dejado a la entidad en una situación de parálisis. «Sin los presupuestos no puedes gobernar. Esto no había pasado nunca», afirma. Entre las críticas que se hacen a la junta, Arch y otros colegiados señalan que se están promoviendo cambios legislativos que favorecen la contratación de psicólogos sin la especialidad de clínica.
La psicóloga clínica María José Miñano denuncia que la nueva figura de los Centros de Atención Primaria (CAP) de referente de bienestar emocional es desempeñada por psicólogos que no tienen la especialidad de clínica. Esta situación se produce en un contexto de aumento de los trastornos de salud mental, lo que ha llevado a la creación de esta figura.
Los psicólogos clínicos y forenses son los más críticos con la actual junta, pero también otros sectores expresan su rechazo. Ricard Cayuela, del sector de trabajo y organizaciones, critica la falta de diálogo y transparencia de la junta. «Es una junta que tiene el ‘no’ en la punta de la lengua», asegura.
Para obtener la especialidad clínica, los psicólogos deben superar un difícil examen con un número limitado de plazas (el llamado PIR, similar al MIR para psicólogos) y completar cuatro años de residencia en un hospital. Sin embargo, no solo en los CAP trabajan psicólogos sin especialidad. También los hay en hospitales y centros de salud mental, donde atienden a pacientes de alta complejidad.
Según algunas fuentes consultadas, una «ordenación profesional» de ambas figuras facilitaría la situación. Sin embargo, critican que la actual junta está «confrontando» a los colectivos internos, es decir, a los psicólogos clínicos y a los generalistas.
Roger Ballescà, miembro de la junta, defiende que las discrepancias dentro del Col.legi de Psicologia de Catalunya son «normales y saludables». Asegura que la contratación de psicólogos sin especialidad para puestos de especialista no es la mejor solución, ya que generará conflictos laborales. No obstante, justifica esta práctica por la falta de psicólogos clínicos y la necesidad de mantener los servicios.
«Si la alternativa es dejar de prestar servicios por falta de psicólogos clínicos, esto no nos lo podemos permitir», dice Ballescà. A su juicio, los cambios legislativos y la voluntad política podrían solucionar la situación, permitiendo que los psicólogos sanitarios asuman tareas en atención primaria que actualmente desempeñan los especialistas.
Por su parte, los psicólogos clínicos critican que se esté contratando a personal sin especialidad «al amparo del silencio administrativo del colegio». Para Arch, el problema radica en la «imposibilidad de diálogo» y la «aplicación arbitraria de los procedimientos sancionadores». Acusa a la junta de limitar las competencias del psicólogo forense y de acusar injustamente a los colegiados de aspectos que no están recogidos en el Código Deontológico. Además, asegura que estas acusaciones solo se dirigen a los psicólogos forenses que no son afines a la junta de gobierno.