Yolanda Díaz (c), saluda al presidente del CEOE, Antonio Garamendi (d), y al presidente de la CEPYME, Gerardo Cuerva (i) durante la toma posesión de su cartera como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

El idilio de acuerdos entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el líder de la gran patronal española, Antonio Garamendi, comenzó con un auténtico maratón de acuerdos y entendimientos. Apenas diez días después de asumir el cargo, Díaz consiguió pactar con Garamendi y los secretarios generales de CCOO y UGT la subida del salario mínimo interprofesional, de 900 a 950 euros.

Este fue el comienzo de una serie de acuerdos en el marco del diálogo social, cuyo momento culminante fue el acuerdo para una nueva reforma laboral que, cuatro años después, está en declive, apuntando hacia un probable gran desacuerdo desde que el Gobierno de coalición asumió el poder: la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Acuerdos tripartitos en tiempos de pandemia

Menos de dos meses antes del confinamiento de la población por la pandemia del coronavirus, Díaz, la CEOE, CCOO y UGT lograron un golpe de efecto cerrando el primero de muchos acuerdos tripartitos, dando inicio a una de las etapas más productivas del diálogo social. Tras esta primera subida del SMI llegó la pandemia y esta excepcionalidad permitió que la patronal y los sindicatos acordaran junto al Gobierno el mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Este mecanismo fue renovado en sucesivas negociaciones sociales, siempre con acuerdo tripartito. El Estado fue quien puso el dinero para proteger los ingresos de los trabajadores y las empresas, lo que facilitó los acuerdos. Estos se extendieron a la primera ley de trabajo a distancia, la ley Rider, una primera reforma de las pensiones y, finalmente, la joya de la corona laboral de la pasada legislatura: la reforma laboral.

La cúspide del diálogo social durante la pasada legislatura se ratificó poco antes de la Navidad de 2021. Durante bastante tiempo, la patronal estuvo fuera del acuerdo, pero finalmente los de Garamendi entraron aplicando una estrategia de minimización de daños. La dependencia parlamentaria de la Coalición de fuerzas de izquierdas como ERC o EH Bildu amenazaba con radicalizar aquella norma que no llegara al Congreso sin el aval de la patronal. Finalmente, CEOE aceptó con la condición de no modificar ni una coma de la norma en el trámite parlamentario, algo que casi la descarrila, pero que finalmente prosperó debido a un error.

Sin embargo, este idilio de acuerdos no le salió gratis al presidente de la CEOE, que vio cómo su histórica buena relación con el PP, entonces liderado por Pablo Casado, se iba deteriorando. Según diversas fuentes, la mano derecha de Casado, Teodoro García Egea, llegó a considerar la posibilidad de apoyar una candidatura rival a la de Garamendi para así sacarlo de la presidencia en las elecciones patronales de noviembre de 2022. Sin embargo, esta supuesta iniciativa se encontró con un obstáculo: Casado no duró lo suficiente al frente del PP y fue defenestrado medio año antes por sus propios compañeros de partido.

Las presiones políticas han condicionado la relación entre el Gobierno y la CEOE, especialmente cuando el primero optó por abrir la vía de los indultos a los presos independentistas para tratar de normalizar las relaciones políticas con la Generalitat. «Si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, bienvenidos sean», afirmó Garamendi durante su visita a Barcelona para las jornadas del Cercle d’Economia. La presión, tanto externa como interna, que sufrió por estas palabras se materializó en lágrimas que no pudo evitar soltar cuando, pocos días después, la asamblea general de la CEOE en bloque se levantó para aplaudirle y cerrar filas con él.

La reforma laboral fue el último gran pacto tripartito del diálogo social, que luego se reflejó en temas de menor dimensión mediática, como el reciente protocolo contra el acoso LGTBI en las empresas, y chocó en los más costosos para las empresas, como las últimas cuatro subidas del salario mínimo o la última parte de la reforma de las pensiones.

A lo largo del camino ha habido diversos picos de tensión, principalmente en momentos en los que el Gobierno ha aprobado medidas relativas al diálogo social sin previa consulta para ganarse el apoyo de algún socio parlamentario. Este fue el caso del refuerzo del rol de los inspectores de Trabajo en el control de los eres, que lo pactó con EH Bildu, o más recientemente, la prevalencia de los convenios autonómicos o provinciales sobre los estatales, pactado con el PNV.

El momento de mayor tensión llegó cuando a finales de mayo el Gobierno abrió la puerta a Pimec, patronal competidora de la CEOE en Catalunya, al diálogo social a escala estatal. El reconocimiento, a través de su incorporación al Comité Económico Social (CES), es de momento simbólico, pero amenaza directamente con la representación única que hasta ahora ostentaba la CEOE entre las empresas.

La complicada aritmética parlamentaria con la que cuenta el Gobierno esta legislatura no contribuye a mejorar las relaciones con la patronal. No es baladí que la noticia de que Pedro Sánchez había sido investido de nuevo presidente fue recibida con abucheos por empresarios asistentes al acto #QuieroCorredor, en Madrid.

Si durante la pasada legislatura los de Garamendi tenían incentivos para que la Coalición no dependiera de partidos como ERC, actualmente tienen un incentivo para influir en formaciones como Junts o el PNV, históricamente afines a sus posiciones, y que estas veten normas incómodas para los empresarios.

Esta es la tesis que abiertamente y desde que se anunció el acuerdo para investir a Sánchez ha defendido Foment del Treball, una de las patronales con más influencia histórica dentro de la CEOE y más agresiva desde hace tiempo con el Ejecutivo. En materia de reducción de jornada, donde la ruptura de las negociaciones parece inminente, esta patronal catalana, presidida por Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado desde el primer día abiertamente contraria a entablar negociación alguna y ha calificado la iniciativa de «injerencia». El mismo lema bajo el que Cepyme, también bajo el ala de CEOE, celebrará este miércoles un acto amadrinado por la gran líder territorial del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Por Daniel