El gobierno catalán o la Generalitat gastó 275 millones de euros en alquileres en el último año. Esta cifra incluye los costos de alquiler de oficinas, así como costos asociados con derechos de superficie, que son acuerdos de alquiler a largo plazo que incluyen instalaciones como cárceles, comisarías, juzgados, escuelas y centros de asistencia primaria (CAP).
De estos 275 millones de euros, 80 millones corresponden a las oficinas. Este hecho es relevante debido a la nueva política patrimonial del gobierno catalán, que tiene como objetivo aumentar la cantidad de inmuebles que posee.
La mayoría de los costos de alquiler están asociados con los derechos de superficie, que constituyen aproximadamente dos tercios de la partida total. Los derechos de superficie funcionan de la siguiente manera: después de un concurso, el sector privado construye las instalaciones y cubre los costos de construcción. Luego, la administración paga un alquiler durante más de 20 años (generalmente 32 años en el caso de las cárceles), después de lo cual el edificio pasa a ser de propiedad pública.
Este tipo de acuerdos de alquiler se firmaron principalmente durante los gobiernos de Jordi Pujol y Artur Mas de CiU, y durante el tripartito de Pasqual Maragall y José Montilla.
Los costos de alquiler pueden ser sustanciales, superando los 100 millones de euros en algunos casos. Por ejemplo, la cárcel de Mas Enric en El Catllar Puig (Camp de Tarragona) cuesta 14,9 millones de euros al año, y la comisaría de los Mossos en Sabadell cuesta 4,9 millones de euros al año.
En cuanto a las oficinas, la delegación del Govern en Bruselas cuesta 907.748,68 euros al año y el centro de atención y gestión del 112 en Reus cuesta 2,089 millones de euros al año.
La Conselleria de Interior también tiene una factura de alquiler significativa debido a los derechos de superficie. Además del cuartel general de los Mossos en Sabadell, la comisaría de la plaça d’Espanya en Barcelona cuesta 2,5 millones de euros al año.
La nueva estrategia del Govern, que supone un cambio radical después de que el antiguo Govern de CiU vendiera inmuebles por más de 500 millones de euros, consistirá en reubicar al personal en dependencias propias. Esto se logrará a través de la participación en la construcción de la Torre Nova en la Fira y la rehabilitación de la Torre Muñoz, con una inversión de 68 millones de euros.
Después de la crisis económica de 2008, el gobierno catalán, entonces liderado por Artur Mas y Andreu Mas-Colell, vendió propiedades inmobiliarias en Barcelona con contratos de arrendamiento asociados. Como resultado, la proporción de edificios de propiedad de la Generalitat en Barcelona y sus alrededores se redujo del 63% al 22%. Ahora, el objetivo es aumentar esta cifra al 68% en 2038.