La Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (Apce) ha emitido una nueva advertencia sobre la aplicación del tope a los alquileres que la Generalitat planea implementar en 140 municipios, incluyendo a Barcelona. Esta medida se ejecutará una vez que el Ministerio de Vivienda publique en el Boletín Oficial del Estado el índice con horquillas de precios en las zonas declaradas tensionadas. Según la Apce, ya se han desviado inversiones previstas en Catalunya hacia lugares como Madrid o Málaga, considerados con «más seguridad jurídica».
Xavier Vilajoana, presidente de la Apce, ha afirmado que durante el año y medio que el Govern aplicó su tope, que luego fue congelado por el Tribunal Constitucional, los precios «bajaron ligeramente pero la oferta se redujo en un 15%». Posteriormente, las rentas comenzaron a aumentar debido a que «la caída de la oferta fue mayor que la bajada de precios». Según la Apce, en lugares donde se han aplicado limitaciones a los precios, ha habido una reducción de oferta, un deterioro del parque y desincentivos para aquellos que podrían contribuir a aumentar la cantidad de viviendas.
Vilajoana destacó una encuesta realizada a los miembros de la Apce a finales del año pasado, la cual reveló que el 32% de los encuestados admitieron haber puesto a la venta viviendas que inicialmente pretendían destinar a alquiler durante el último trimestre de 2023, tras la entrada en vigor de la ley de vivienda. El mismo estudio mostró que el 56% de las promotoras habían decidido no iniciar viviendas de alquiler y que el 19% reconoció haber optado por trasladar su inversión a otros territorios.
Vilajoana recordó que solo Catalunya ha expresado su intención de aplicar los topes acordados por el Ministerio a pesar de que defendía su modelo, basado en referencias fijas en vez de las horquillas que define Vivienda en función de las características del inmueble. A pesar de estar en contra de cualquier limitación de precios, Vilajoana afirmó que el sistema elegido por el Gobierno central se basa en valores más actuales, extraídos de la Agencia Tributaria, mientras que los que defendía la Generalitat procedían del depósito de fianzas, que son más atrasados.
Según el presidente de la Apce, más del 80% de los propietarios de viviendas en alquiler son pequeños propietarios. Vilajoana criticó la consideración de gran tenedor a quien posee a partir de cinco viviendas, ya que muchas son inversiones de la entrada y gastos del 30% del precio en las que se están pagando hipotecas. Por ello, advirtió que la reacción más común de los propietarios no será solo retirarlas del mercado sino ponerlas a la venta, reduciendo aún más la oferta de arrendamiento.
Desde que se dio a conocer el sistema de índices que el Ministerio de Vivienda planea publicar y que la Generalitat pretende aplicar, la Apce ha recibido «un alud de llamadas» de propietarios que defienden la estabilidad y que piensan sacar del mercado oferta de alquiler para ponerla a la venta, lo que «agravará aún más la escasez de alquileres».
Vilajoana también criticó que las administraciones solo hablen de vivienda «cada tres o cuatro años», es decir, cuando hay elecciones, en lugar de mantener políticas como las de Austria y otros países con un mercado en el que 10 de cada 100 inmuebles son de alquiler, frente a los 0,9 de España. Asimismo, denunció que las administraciones solo destinan a estas políticas la décima parte en vivienda social, ayudas e incentivos que otros países de la Unión Europea y que solo ha aflorado suelo público con la entrada en vigor de los fondos ‘Next Generation’ para construir vivienda protegida. Según los promotores y constructores catalanes, todas las decisiones que se han tomado hasta ahora «agravarán aún más la accesibilidad a la vivienda».