El nuevo paradigma de la economía verde en España prevé una recompensa para el ahorro energético gracias a la introducción de los certificados de ahorro energético (CAE). Este mecanismo innovador, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, tiene como objetivo fomentar la inversión en eficiencia energética, proporcionando un retorno económico por acciones que reduzcan el consumo energético, como la renovación de ventanas, la mejora de calderas o el incremento del aislamiento en propiedades.
Inspirada en el sistema francés, la esencia de la medida radica en la posibilidad de vender el ahorro energético logrado a través de intervenciones de eficiencia. Los vendedores pueden ser desde usuarios particulares, como hogares y comunidades de vecinos, hasta industrias o transportistas. Por otro lado, las compañías energéticas son los principales compradores, ya que están obligadas a ahorrar una cantidad específica de energía al año, a un precio regulado por el Gobierno. Además, existen intermediarios, empresas especializadas en eficiencia energética o financieras, que facilitan la relación entre vendedores y compradores.
El precio pagado por el ahorro energético logrado por los usuarios depende del acuerdo entre vendedor y comprador. Aunque se trata de un mercado libre, existe una referencia máxima establecida anualmente por el Gobierno para los ahorros de las compañías energéticas.
Remica, una empresa de servicios energéticos, fue la primera organización española en obtener un certificado de este tipo. Implementaron un sistema de aerotermia en varios edificios de viviendas en la Comunidad de Madrid, instalando más de 100 bombas de calor y 1.146 placas fotovoltaicas, lo que permitió reducir la dependencia de las calderas de gas.
Además de los ahorros en calefacción y agua caliente que obtuvieron los residentes, la instalación del sistema de aerotermia generó un ahorro de 10,238 gigavatios-hora que decidieron vender a la propia instaladora. Esto se tradujo en un descuento del 21% sobre el costo total de la reforma.
Las empresas energéticas son un elemento clave en este nuevo mercado, ya que están obligadas a ahorrar una cantidad de energía anual en función de las ventas realizadas dos años atrás. Este año, 455 entidades deben contribuir con 795 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), que se utiliza para subvencionar acciones de ahorro energético y cumplir con los requisitos de eficiencia establecidos por la Comisión Europea.
El CAE solo se puede presentar una vez que la reforma ha finalizado. A partir de ese momento, entre las verificaciones y certificaciones, pueden pasar entre 2 o 3 meses para que los usuarios reciban el dinero. El ahorro se mide a partir de unas fichas con intervenciones estandarizadas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Además, este nuevo mercado está contribuyendo a generar una cadena de valor en el sector de la eficiencia energética. Se requiere de una ingeniería muy sofisticada y formada para calcular las actuaciones, y se crea una nueva figura que es la del verificador del ahorro, que son empresas independientes que comprueban que las actuaciones han generado esos ahorros y emiten el dictamen pertinente para que se pueda solicitar el certificado.
A pesar de ser un mercado nuevo, su madurez es exponencial, especialmente en el sector industrial y terciario. Sin embargo, también se están comenzando a percibir los primeros síntomas de especulación, con intermediarios que aglutinan certificados para poder venderlos años después en el mercado secundario. La legislación establece un límite de tres años desde que se emite un CAE hasta que se vende, por lo que los intermediarios pueden intentar agotar este tiempo para obtener el máximo beneficio.