La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la toma de posesión del cargo de Yolanda Díaz, en la sede ministerial, a 21 de noviembre de 2023, en Madrid

Las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral se encuentran en un punto crítico

Se encuentra en un momento decisivo la negociación para la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales. A pesar de las constantes negativas de la patronal para presentar propuestas propias por escrito, los sindicatos presionan para cerrar la negociación antes de septiembre. Para que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) entre en un acuerdo, Comisiones Obreras (CCOO) está dispuesto a aceptar retrasar la entrada en vigor de la reducción más allá del 1 de enero del 2025.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una rueda de prensa en Barcelona, afirmó que la norma debe resolverse este mes o de forma inmediata, aunque su entrada en vigor pueda ser posterior. Sordo también amenazó con movilizaciones ya en otoño si la conclusión de la negociación se dilata.

La semana pasada desde Moncloa se empezó a deslizar el mensaje de que la negociación tiene recorrido y que Yolanda Díaz debía alargarla para tratar de acordar con la patronal, aunque ello impidiera que la reducción no entrara en vigor el 1 de enero del 2025, tal como está establecido en el acuerdo de Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se encargó de verbalizarlo en público, pidiendo que «lo importante es encontrar un punto de equilibrio».

Negociaciones en curso y posible impacto en el sector laboral

Estas declaraciones de Sordo se produjeron mientras su equipo negociador, junto a los de UGT, CEOE y el Ministerio de Trabajo, mantenían una nueva reunión del diálogo social para abordar este tema. Los sindicatos no quieren perder la oportunidad de mejorar por ley las condiciones laborales de una inmensa mayoría de trabajadores.

Según los cálculos de la central sindical, en Catalunya unos dos millones de trabajadores, es decir, tres de cada cuatro asalariados del sector privado, verían disminuida su jornada máxima anual. Esta reducción beneficiaría en mayor medida a hombres que a mujeres y tendría un impacto transversal, desde la industria, hasta el comercio o los servicios, pasando por el sector primario.

La incógnita sobre cómo acabará dicha negociación ya está lastrando los incrementos salariales en los convenios colectivos. Las empresas, ante la incertidumbre de cuál será la jornada máxima el año que viene, retrasan la renovación de convenios con los sindicatos, como está pasando, según denuncian desde CCOO, en la industria textil, cárnica o química.

Desde los sectores empresariales han empezado a lanzar mensajes contrarios a la reducción por ley de la jornada, como el acto organizado por Cepyme y amadrinado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid la semana pasada. El líder de CCOO ha advertido que las presiones de los poderes económicos para que el Ejecutivo desista de su promesa electoral serán grandes y que «el Gobierno tiene que aguantar».

Sordo ha insistido en que las compañías tienen márgenes para asumir el incremento del coste salarial por hora trabajada que la reducción de jornada implicaría y ha reclamado al Gobierno que no renuncie a ello, porque así incentiva a aquellas compañías que ganan productividad mediante sistemas innovadores, no devaluando salarios o estirando la jornada de sus empleados. «Necesitamos delimitar el campo de juego laboral de las empresas del futuro», ha declarado.

Con el objetivo de cerrar la negociación antes de septiembre, Sordo ha llamado a las partes a definir el escenario futuro del mundo laboral español. Este lunes, Yolanda Díaz ha presentado una nueva propuesta escrita a los agentes sociales para tratar de acercar a la CEOE.

Por Daniel