El persistente problema del relevo generacional en el campo, que se refiere a la continuidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, es en la mayoría de los casos una cuestión económica. En el estado actual de las cosas, ser un trabajador del campo no proporciona un sustento viable para vivir. La Generalitat está actualmente considerando la implementación de una renta básica agraria, un esquema que, según el ‘conseller’ de Acció Climàtica, David Mascort, servirá para mantener a la población agrícola, especialmente para convencer a la generación más joven de que es rentable vivir de la industria agrícola.
El Govern está considerando la posibilidad de encargar un estudio sobre la viabilidad de una renta básica agraria, con especial priorización en la juventud. Esta medida permitirá avanzar en la transformación del sector agrícola hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, asegurando su viabilidad y fomentando el relevo generacional. Esta fue una de las principales ideas que el conseller Mascort enfatizó en su intervención en el pleno monográfico sobre el mundo rural.
Además, el ‘conseller’ de Acció Climàtica, aunque no mencionó ningún cambio en el nombre de su departamento, dedicó gran parte de su discurso a describir las medidas aprobadas hasta ahora. También puso énfasis en la necesidad de reformar el actual sistema de seguros agrarios. Mascort afirmó que, aunque el modelo ha funcionado bien hasta ahora, no se adapta bien a la nueva realidad climática.
Por ello, la Generalitat ya está trabajando con organizaciones agrícolas para elaborar una propuesta conjunta de revisión del actual sistema de seguros agrarios. Si esta revisión no se lleva a cabo, el Govern considerará establecer un sistema de seguros agrarios propio, adaptado a las circunstancias del sector y a la nueva realidad climática, para apoyar al sector catalán.
Además del ‘conseller’, el ‘president’ Aragonès intervino ante el pleno. A pesar de haber llegado a un acuerdo con los agricultores para desactivar las protestas en Catalunya la semana pasada, es consciente de que este conflicto está lejos de resolverse. Por ello, ha instado al Estado a colaborar en la satisfacción de las demandas de los trabajadores del campo. Su propuesta principal es que se promueva una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el Congreso. Esta es una norma, aprobada en 2021, que buscaba asegurar que el precio de los productos del campo no fuera inferior a los costes de producción. Sin embargo, la Generalitat considera que no está funcionando como debería.
La Generalitat ve muchos desafíos que el campo debe enfrentar, pero el principal es este: el bajo precio de los productos condena a la mayoría de los agricultores a tener pérdidas.
Aragonès ya había enviado esta solicitud a Sánchez por carta hace unas semanas, pero este martes la reiteró desde el Parlament. Su argumento es que hasta la fecha, la ley ha demostrado ser «insuficiente para evitar la producción por debajo del precio».
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que la ley está funcionando y que, si se tiene que hacer algo, es garantizar su aplicación íntegra. Sin embargo, más de un mes después de que estallaran las protestas, parece que modificar esta ley no está entre las prioridades del Ejecutivo español.
Además, Aragonès utilizó parte de su intervención ante el Parlament para argumentar que la Generalitat carece de las competencias necesarias para satisfacer la mayoría de las demandas que plantea el campo. Lamentó que desde la Unión Europea se plantean acuerdos con terceros países que resultan en una «competencia desleal» para los agricultores locales. Según él, a estos agricultores se les exige unos estándares de calidad que no se exigen a los productos importados de fuera de la UE. Para Aragonès, debe haber un «efecto espejo»: lo que se exige al productor local también debe exigirse al extranjero.