La Generalitat de Cataluña ha anunciado sus planes para ampliar en 131 nuevos municipios la implementación de medidas de contención de los precios de los alquileres. Este anuncio, que fue hecho por la consellera de Territori, Ester Capella, en una reunión en Vielha, uno de los nuevos municipios incorporados a la lista, significa prácticamente duplicar el número de localidades en las que se aplicarán estas medidas.

Esto llega después de que el Govern declarara en agosto pasado 140 municipios con zonas de mercado tensionado, a los que ahora se añadirán estos 131 más. En estas ciudades, entre las que destaca Barcelona, residen más de siete millones de personas, lo que representa un 90% del total de la población catalana.

La expansión, que Capella confía en que sea efectiva el próximo mes de julio, afecta a los municipios de más de 2.000 habitantes que no formaban parte de los 140 ya declarados, y que cumplen con alguno de los requisitos que marca la ley española del derecho a la vivienda. Estos requisitos incluyen que las personas o familias que residen en estas zonas tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o hipoteca, y que el precio de alquiler o compra de las viviendas haya experimentado un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

El alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, celebró la decisión y la describió como un «alivio para muchas familias que tienen problemas para costear los alquileres». Además, señaló que la decisión ayudaría a atraer a profesionales, como médicos y profesores, a trabajar en el Pirineo. También destacó que la tensión de los precios afecta a poblaciones que no son grandes ciudades y que tienen un problema grave, causado en nuestro caso por los pisos turísticos.

Por otro lado, en municipios como Sant Julià de Ramis (Gironès), el problema radica en la falta de viviendas sociales de alquiler. El alcalde de la localidad, Marc Puigtió, lamentó que los precios de alquiler estén aumentando día tras día y espera que la nueva normativa permita tener una oferta de alquiler accesible a los vecinos.

La decisión de Territori de expandir las medidas de contención de precios se produce después de que, en los últimos meses, se hayan producido incrementos generalizados de los precios en el mercado de la vivienda, «casi siempre muy por encima de los ingresos de los hogares». Ester Capella destacó que la intención es «embridar el mercado«, lo que significa que los precios no suban y, en todo caso, bajen.

La tramitación que ahora comienza seguirá el mismo procedimiento que la primera declaración. Se abrirá un periodo de información pública de 20 días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado, se analizarán y responderán y la resolución final se notificará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que la publique y pueda entrar en vigor.

Finalmente, el Sindicat de Llogateres ha celebrado la decisión del Govern y ha instado al Ministerio de Vivienda a actuar con celeridad para aprobar estas nuevas áreas tensionadas. «Esperamos que esta vez no tarde medio año en aprobarlo«, apuntó el portavoz de la organización, Enric Aragonès, quien recordó que la ley de vivienda estipula que debería darse luz verde en un máximo de tres meses.