La reforma de las pensiones de España, implementada por el ex ministro José Luis Escrivá, ha generado preocupación a nivel europeo. Según el reciente informe anual sobre envejecimiento publicado por la Comisión Europea, esta reforma podría causar un desequilibrio significativo en las cuentas públicas de España, provocando un aumento en el gasto en pensiones de 3,6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2070, la cifra más alta entre los países europeos.
En los últimos años, la Comisión Europea ha estado observando de cerca los movimientos financieros y políticos del gobierno de Pedro Sánchez. Aunque hasta ahora han apoyado en gran medida las decisiones económicas del gobierno español, este nuevo informe sugiere un cambio de tono. Con el aumento proyectado en los gastos de pensiones, España podría enfrentarse a un ajuste de casi 12.000 millones de euros.
El Informe sobre el Envejecimiento de 2024 ha destacado a España como el país con mayor deterioro en las proyecciones de gasto en pensiones en comparación con el anterior estudio de 2021, que se basó en la reforma de pensiones implementada por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Según el informe, España es el principal ejemplo de un aumento repentino en el gasto en pensiones, que se espera que aumente en 3,6 puntos porcentuales del PIB hasta 2070. Este aumento se debe en gran parte a la eliminación del factor de sostenibilidad y el retorno a la indexación total al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El informe también señala que el aumento en el gasto en pensiones habría sido aún mayor si no se hubiera compensado con un aumento en la edad de jubilación. Sin embargo, esta medida no ha logrado absorber completamente el aumento drástico en el gasto total.
Las principales fuerzas impulsoras de este aumento en el gasto público en pensiones son la nueva regla de indexación basada en el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad. El nuevo sistema de bonificación/penalización y el consiguiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento. Sin embargo, según el informe, el resto de las medidas adoptadas incrementan el gasto en pensiones públicas.
Esta no es la primera vez que el gobierno de España ha enfrentado críticas por las consecuencias de su política económica en el ámbito de las pensiones. Lo que marca un cambio significativo ahora es que la crítica proviene de la propia Comisión Europea, la misma entidad que ha aceptado entregar al gobierno español los fondos de recuperación a cambio de reformas como la que ahora se critica.
A pesar de que los funcionarios de la Comisión Europea nunca han elogiado explícitamente la reforma de las pensiones, la han aceptado como parte de los compromisos de reformas e inversiones necesarios para acceder a los fondos de recuperación. España ha sido el mayor beneficiario de estos fondos, solo superado por Italia.
En última instancia, el pronóstico de la Comisión Europea sugiere que la reforma de las pensiones de España puede resultar en futuros desequilibrios financieros para el estado. A pesar de los esfuerzos por compensar el aumento en el gasto, el informe sugiere que las medidas actuales pueden no ser suficientes para absorber completamente el impacto financiero a largo plazo.