La Policía ha detectado en Ceuta varios pisos, propiedad de ciudadanos ceutíes de origen marroquí, que presuntamente se utilizan para la explotación sexual de niñas menores de edad llegadas a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio. Ante la gravedad de los hechos, un equipo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) se ha desplazado a la ciudad autónoma para asumir la investigación.
De acuerdo con las pesquisas, las redes habrían captado a las menores después de que cruzaran la frontera, aprovechando su extrema vulnerabilidad. El procedimiento identificado por los investigadores comienza, en algunos casos, con el ofrecimiento de comida y un lugar para dormir. Con esa promesa, proxenetas marroquíes las trasladarían a pisos y chalés de ciudadanos ceutíes para obligarlas a prostituirse.
Los agentes han empezado a localizar un número creciente de viviendas con estas características, una circunstancia que ha elevado la preocupación policial. La investigación busca determinar quiénes integran estas redes, cuál es su alcance real y cuántas menores podrían estar siendo víctimas de esta actividad.
El equipo especializado de la UCRIF trabaja para identificar los inmuebles, a las personas que los administran y las posibles conexiones entre quienes proporcionan alojamiento a las niñas y las organizaciones que presuntamente las explotan.
La inquietud de los investigadores se debe especialmente al perfil de las posibles víctimas: menores inmigrantes que, en muchos casos, carecen de una red familiar o social que pueda protegerlas. Su desamparo las convierte en objetivos especialmente vulnerables para las redes de explotación. La llegada a Ceuta, en vez de terminar con los riesgos que afrontan, puede abrir un nuevo circuito de abuso.
La explotación sexual de menores inmigrantes se suma así a las consecuencias de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. Según los agentes, estas redes no requieren necesariamente grandes infraestructuras: pueden operar desde una vivienda ofreciendo techo y alimentos a jóvenes sin alternativas para, posteriormente, aprovechar su situación de dependencia. Por ello, la Policía trata de localizar y desmantelar estos puntos antes de que se consoliden como estructuras estables.
La investigación tiene como objetivo establecer la dimensión de esta práctica, identificar a los responsables de los domicilios y esclarecer sus vínculos con posibles redes de trata. Además de detectar los lugares donde se produciría la explotación, los agentes consideran esencial localizar a las menores y asegurar su protección.
La aparición de estos casos agrava la presión sobre los recursos de Ceuta, sometida desde hace meses a una situación migratoria extraordinaria. El dispositivo policial, ya tensionado por el control fronterizo y la atención en las calles, debe investigar delitos, detener a los responsables, custodiar a los arrestados y trasladarlos ante la autoridad judicial.
La sobrecarga también alcanza a la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial ha acordado reforzar los juzgados de Ceuta por el aumento de denuncias y procedimientos vinculados a la crisis. Entre agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército existe preocupación por que la situación se prolongue y una respuesta excepcional acabe convirtiéndose en permanente.
En la madrugada del pasado jueves, entre 30 y 40 hombres extranjeros emboscaron a cuatro militares del Grupo de Regulares cuando se dirigían a su punto habitual de vigilancia en la zona de Benzú. Los militares patrullaban en un vehículo no blindado y, según indicó a este periódico un militar destinado en Ceuta, no iban armados ni disponían de equipos de protección adecuados. Hubo 12 detenidos y un juez ya ha expulsado a 11 de ellos después de que la Policía Nacional los pusiera a disposición judicial.