La política catalana prepara su agenda para un nuevo evento electoral el próximo 12 de mayo. Esta nueva cita con las urnas tiene como objetivo decidir quién será el futuro presidente de la Generalitat y cómo se estructurará la gobernabilidad. La convocatoria de nuevas elecciones se ha precipitado debido a la falta de acuerdo con los Comuns para aprobar los presupuestos, obligando al Govern de Pere Aragonès (ERC) – que ya había acordado las cuentas con el PSC – a convocar elecciones anticipadas.
El punto de conflicto se encuentra en el proyecto de construcción de un macrocomplejo de ocio que Hard Rock Entertainment World planea erigir entre Vila-seca y Salou (Tarragona), cerca de Port Aventura. Los Comuns exigían al Govern de Pere Aragonès que frenara los avances en dicho proyecto.
El ejecutivo catalán argumenta que no puede detener la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU) que debe regular los terrenos en los que se instalaría esta iniciativa privada. Además, ha señalado que las cuentas no preveían ninguna partida para este proyecto.
A pesar de que el Govern ha admitido que este macrocomplejo de ocio no se ajusta a su modelo económico para Cataluña, ha señalado en repetidas ocasiones que una mayoría parlamentaria sí lo ve con buenos ojos.
Los Comuns, que habían apoyado anteriores presupuestos catalanes con este proyecto ya en marcha, ahora se han negado a hacerlo dada la proximidad de la aprobación del PDU y el contexto de sequía que atraviesa Catalunya, que a su juicio lo hace aún más insostenible.
Pero, ¿qué es el Hard Rock y en qué punto de la tramitación se encuentra? En 2018, la Generalitat otorgó al grupo ‘Hard Rock’ la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo. Según los planes comunicados en su momento por esta compañía, el proyecto prevé hoteles, un casino, espacios para entretenimiento y espectáculos, así como una avenida comercial con tiendas, todo ello tras una inversión inicial de unos 700 millones que podría alcanzar los 2.000 millones.
En el marco de los presupuestos de 2023, Aragonès se comprometió con el PSC a aprobar el citado PDU durante la primera mitad de ese ejercicio, algo que no ha sucedido, pues sigue a la espera de la luz verde de un informe del departamento de Acción Climática.
De hecho, en 2016 ya se aprobó un PDU para estos terrenos, declarado posteriormente nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque una parte de los espacios libres y de equipamientos se situaban en zona de riesgo químico. Lo que ahora está en marcha es, pues, la reformulación de ese PDU basándose en lo dictaminado por el TSJC.
El proyecto del complejo de ocio tiene una larga historia. En septiembre de 2012, el Govern anunció que impulsaría un macrocomplejo de ocio y turismo con seis casinos y otros tantos hoteles de la mano del grupo inversor Veremonte, de Enrique Bañuelos, como alternativa al ‘Eurovegas’ del magnate Sheldon Adelson.
En 2014, tras un acuerdo entre el presidente Artur Mas y el entonces líder del PSC Pere Navarro, el Parlament redujo la carga fiscal a los casinos al 10 %. La fecha de apertura prevista del proyecto, bautizado ‘BCN World’, era 2016.
Tras constituirse el Consorci Intermunicipal de Vila-seca i de Salou (CRT), las dos localidades en las que debe situarse este macrocomplejo, la iniciativa sufrió un importante contratiempo cuando Veremonte se desentendió del mismo.
El PDU se aprobó en 2016, con una rebaja del 25 % de los terrenos urbanizables y la reducción de hasta siete veces el espacio destinado a casinos; y en 2018 la Generalitat otorgó al grupo ‘Hard Rock’ la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo, ya descafeinado con relación al inicial BCN World.
En caso de que finalmente salga adelante el PDU, el siguiente paso será la firma del contrato de compraventa por un mínimo de 120 millones de los terrenos en los que se debe ubicar Hard Rock, cercanos a PortAventura.
El comprador sería la sociedad BCN IR 3, con representante legal James F. Allen, empresario que aparece en los «papeles del paraíso» o «paradise papers», una investigación periodística que hizo pública una red de evasión fiscal.
Los terrenos son propiedad de Mediterranea Beach & Golf Community, una filial de CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa, pero formalmente se adquirirían a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que compraría y vendería los terrenos en un mismo acto, en una enrevesada operación financiera.