El Consejo Interterritorial descarta el nuevo real decreto
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron este viernes la propuesta del Ministerio de Sanidad para aprobar un nuevo real decreto sobre las listas de espera. En un nuevo Consejo Interterritorial de Salud marcado por el desacuerdo, las autonomías populares tumbaron el documento presentado por la ministra Mónica García, orientado a reforzar la transparencia y evitar el maquillaje de los datos.
La ministra acusó a la oposición de actuar con «irresponsabilidad política». Según García, el PP ha bloqueado una medida que consideraba esencial para que los pacientes y la ciudadanía dispusieran de listas de espera fiables. El texto planteaba que los datos se comunicaran cada tres meses, con referencias mensuales, en lugar de cada seis meses, «para que así no puedan hacer trampas en diciembre y en junio».
Madrid reclama más trabajo y consenso
La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, volvió a ser una de las voces más críticas y acusó a García de utilizar el Consejo Interterritorial para «lanzar un mitin contra Madrid». Sobre el proyecto de listas de espera, sostuvo que no es posible aprobarlo porque «hay muchos aspectos que todavía no están cerrados» y es necesario continuar trabajando.
Matute añadió que ya no queda tiempo antes de las elecciones y calificó la gestión de García como una «tragicomedia», en línea con la posición del PP.
Críticas a la gestión sanitaria
La consejera madrileña afirmó que no se han mejorado las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, ni la accesibilidad de la población a medicamentos y tecnología. También criticó que no se haya modernizado el Sistema Nacional de Salud, al que describió como obsoleto y encorsetado.
Objetivos del decreto rechazado
El nuevo real decreto pretendía adaptar el sistema de información sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud a la actual realidad asistencial. Además, buscaba reforzar su utilidad para planificar y evaluar las políticas públicas, así como mejorar la transparencia y la información dirigida a la ciudadanía.
Sin embargo, las comunidades del PP reclamaron al Ministerio un mayor análisis técnico, más tiempo y un consenso más amplio. Consideran que la nueva norma obligaría a unificar criterios que hasta ahora se contabilizan de manera diferente.

