El reloj corre para España: el ajuste fiscal y los compromisos a nivel europeo

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (Airef), Cristina Herrero, advirtió recientemente que España tiene poco tiempo para elaborar el plan de ajuste fiscal que debe presentar a Bruselas antes del 20 de septiembre, en cumplimiento de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Herrero hizo un llamado al Ejecutivo para que busque consenso con las comunidades autónomas y las corporaciones locales en la elaboración de dicho plan, dado que será necesario para alcanzar los compromisos establecidos.

En abril, Herrero ya había solicitado sin éxito al Ministerio de Hacienda que iniciara diálogos bilaterales con cada una de las comunidades autónomas y organizara reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL). También consideró apropiado convocar una Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas.

Durante un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Herrero indicó que a medio plazo será necesario un ajuste menor al de la anterior crisis, pero más mantenido en el tiempo, lo que podría provocar agotamiento.

El desafío de la reducción de la deuda y el déficit

Herrero señaló que la deuda deberá reducirse de manera sostenida hasta 2038 o 2041, y el déficit deberá mantenerse por debajo del 3%. Expresó sus dudas sobre el objetivo del Gobierno de reducir el déficit al 2,5% en 2025, indicando que hay elementos desconocidos que podrían dificultar el logro de esta meta.

La Airef estima que las nuevas reglas fiscales llevarán a las cuentas del conjunto de las administraciones públicas a un ajuste del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años, equivalente a unos 9.900 millones de euros para cada ejercicio con datos de PIB de 2024. El nuevo marco europeo permite distribuir el ajuste en un periodo más amplio, de siete años, condicionado a determinados compromisos de inversión que Herrero considera factibles.

En este contexto, la presidenta de la Airef subrayó la importancia de tener bien calibrados los compromisos, pero también de contar con el compromiso de todas las administraciones. Las entidades locales controlan el 12% del gasto público, con competencias en materia de aguas, residuos, transporte urbano, asistencia social a mayores, entre otras. Las comunidades autónomas controlan otro 32% del gasto, con competencias en sanidad, educación y cuidados de larga duración. Y la administración central solo tiene margen de actuación sobre el 22% del gasto, porque el resto que le corresponde ya está comprometido.

Herrero demanda al Gobierno una «perspectiva integral» para abordar la estrategia de medio plazo necesaria para reducir la deuda. Defiende que es conveniente abordar conjuntamente la reforma del marco fiscal nacional para adaptarlo a las nuevas normas europeas, la reforma del sistema de financiación autonómica y los mecanismos estatales extraordinarios de financiación de las comunidades.

Finalmente, Herrero evitó valorar directamente la disposición del Gobierno a considerar una «financiación singular» de Cataluña dentro del marco general de financiación autonómica. Sin embargo, advirtió que un enfoque fragmentado puede llevar a sorpresas y enfatizó en la necesidad de una revisión global del sistema de financiación autonómica y de establecer objetivos de déficit asimétricos.