La primera eléctrica de España, Iberdrola, ha presentado una demanda sin precedentes contra la principal petrolera del país, Repsol, acusándola de ‘greenwashing’ – una práctica engañosa donde las empresas se presentan como ecológicamente amigables cuando no lo son. Esta acción legal ha desencadenado una guerra a tres bandas, en la que se ha involucrado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En respuesta a las acusaciones, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha cuestionado si deberían cerrar las refinerías y sus 28.000 empleos, ya que España sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles. Por otro lado, Ribera ha anunciado que el país debe estar preparado para abandonar los combustibles fósiles para 2040 o 2050.
La ministra se ha posicionado a favor de Iberdrola, a pesar de las tensiones previas durante la crisis energética. Ribera también ha tenido enfrentamientos con Repsol, particularmente en torno a la tecnología y la transición energética. Tras asumir su cargo en el gobierno en 2018, Ribera declaró que «el diésel tiene los días contados», sugiriendo una fecha de 2040 para su eliminación en un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Repsol, por su parte, ha defendido la necesidad de tener su propia marca eléctrica y se ha resistido a ir en contra de su principal fuente de ingresos, el petróleo. Ribera ha argumentado que es necesario impulsar la electrificación y favorecer las energías renovables, con precios de la electricidad asequibles y estables.
Otra fuente de conflicto entre Iberdrola, Repsol y Ribera se produjo a finales de 2020, cuando el Consejo de Ministros aprobó una norma para trasladar una parte del coste de la factura de la luz a la factura del gas y a los carburantes. Ribera pretendía incentivar a los consumidores a cambiar su tecnología, pero esta norma nunca fue aprobada.
En la demanda presentada por Iberdrola, la empresa eléctrica sostiene que Repsol está promoviendo iniciativas sostenibles para fomentar el uso de combustibles, a pesar de ser la empresa española con mayor emisión de gases de efecto invernadero. Iberdrola argumenta que las campañas de la petrolera constituyen una infracción de la Ley de Competencia Desleal.
Esta demanda coincide con la publicación por parte del Ministerio de Consumo de una guía sobre prácticas de ‘greenwashing’, así como con el anuncio de una ley de consumo sostenible. También coincide con una directiva de la Unión Europea que requiere que todas las empresas demuestren y verifiquen la veracidad de sus afirmaciones medioambientales.
Este caso sigue un precedente en el Reino Unido donde la Autoridad sobre Normas Publicitarias (ASA) obligó a Repsol a retirar una campaña de biocombustibles. El organismo de control financiero británico (FCA) también ha anunciado que exigirá a todas las empresas que regula que dejen de hacer ‘greenwashing’ en sus productos minoristas, desde cuentas de ahorro hasta hipotecas, a partir de una norma que entrará en vigor en mayo.