La reciente decisión de la Unión Europea (UE) de relajar las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) ha sido recibida con alivio por los agricultores españoles. Las nuevas regulaciones han sido vistas como un respiro temporal, y aunque no se planean movilizaciones adicionales por ahora, los agricultores se mantienen vigilantes sobre futuros desarrollos.
Esta ‘primera victoria’ en Bruselas ha llevado a los sindicatos del sector a centrar sus esfuerzos en el Congreso de los Diputados, donde ya han presentado propuestas para la reforma de la ley de la cadena alimentaria. El principal punto de interés es la revisión del sistema de fijación de precios para evitar ventas a pérdida, explica Carles Vicente, secretario de Organización de Unió de Pagesos, la organización agraria más grande en Catalunya.
Además de las modificaciones en la PAC, Vicente aplaude que la Generalitat haya acelerado el pago de las subvenciones comprometidas para los agricultores afectados por la sequía. Sin embargo, también lamenta que las ayudas a los cereales correspondientes a 2023 estén llegando tan tarde, justo cuando la cosecha de 2024 parece destinada a sufrir pérdidas.
Otro aspecto positivo de la nueva PAC es la exención para las explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles y sanciones que conlleva el incumplimiento de las condiciones de la PAC. Asimismo, se permitirá que las comunidades autónomas soliciten un tratamiento específico siempre que se aporten motivos objetivos.
Cooperativas Agroalimentarias de España también ve la flexibilización de la PAC como un avance, aunque lamenta que no se haya llegado a tiempo para modificar la planificación en herbáceos y cereales de invierno que ya se habían sembrado entre octubre y noviembre. Ángel Villafranca, presidente de la entidad, destaca la importancia del «diálogo estratégico» iniciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para garantizar una transición ecológica tranquila y con suficiente presupuesto para el campo.
El director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, también ha destacado que aún hay políticas que afectan al sector que se han quedado sin abordar, como la ley de restauración de la naturaleza, la directiva de usos industriales o las cláusulas espejo contra las importaciones.
Por otro lado, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ve las medidas de flexibilización en la UE como un «éxito de las movilizaciones del campo«, y busca lograr un acuerdo nacional con medidas de apoyo al sector que respondan a las reivindicaciones de los agricultores.
Sin embargo, no todos están satisfechos con la relajación de las normas medioambientales. La coalición de entidades sociales Por Otra PAC acusa a los responsables agrarios de la UE de «desmontar en tiempo récord los avances que costaron años negociar». Critican la «rebaja exprés» de los requisitos ambientales, que consideran claves en la lucha contra la desertificación.
Greenpeace también ha expresado su decepción, calificando la flexibilización de las normas ambientales de la PAC como «antidemocrática». Helena Moreno, responsable de Agricultura de la ONG, argumenta que la UE va a «dismantelar» en unas semanas las políticas que se han tardado «años en acordar», sin una necesaria evaluación de impacto de la propuesta ni opción de enmiendas. Por lo tanto, a pesar de las celebraciones iniciales, queda claro que aún hay mucho por hacer y debatir sobre la Política Agrícola Común de la UE.