El sector ferroviario español se encuentra en el centro de un escándalo que se conoce como el ‘Fevemocho’. El asunto que estalló a principios de 2023, se refiere a la demora de más de dos años en la construcción de 31 trenes de ancho métrico debido a la incompatibilidad entre las dimensiones requeridas de los convoyes y algunos túneles de Asturias y Cantabria. Una auditoría interna encargada por el Ministerio de Transportes atribuye esta situación a una serie de errores y falta de coordinación entre Renfe, Adif y CAF, la empresa privada que construye los trenes. La auditoría, que se hizo pública recientemente, también identifica una «falta de transparencia» en CAF, señalándola como la principal responsable, al conocer los errores previamente.
Renfe se recomienda en la auditoría «analizar las posibles responsabilidades en las que ha podido incurrir CAF por ocultación de información». La auditoría también hace referencia a un cambio de criterio que se adoptó para buscar una solución al error. La construcción de nuevos convoyes, basada en este nuevo criterio, comenzó hace varias semanas y se estima que estarán en servicio en el año 2026.
La auditoría revela que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria está desarrollando una guía para la aplicación y desarrollo del método comparativo, que se espera que esté terminada a lo largo de este año.
El proceso de auditoría incluyó numerosas entrevistas y el análisis de miles de documentos, estableciendo que CAF sabía con anticipación que los trenes que se estaban diseñando no podrían entrar por los túneles. Sorprendentemente, el contrato se firmó de todas formas 54 días después de que CAF recibiera esta información de Adif. Aún más sorprendente es que Renfe, que encargaba el contrato, no se enteró de esto hasta un año después.
La auditoría también resalta la falta de coordinación entre Renfe y Adif durante todo el proceso, que se mantuvo en silencio durante más de dos años. Se recomienda a Adif «revisar sus canales y procedimientos de comunicación» para garantizar que la información que facilita llega también a posibles terceras partes interesadas.
En sus conclusiones, la auditoría establece diferentes recomendaciones para las entidades que tuvieron responsabilidad en el proceso. A Renfe se le recomienda una «tutela efectiva de sus contratos» y a Adif la realización de una auditoría interna sobre el estado de implantación del registro de infraestructuras en relación al ancho métrico.
La auditoría también analiza la solución al ‘Fevemocho’, que pasó por aplicar el «método comparativo» para la fabricación de los trenes manteniendo «muchas de las características» del diseño original. Esto provocará la pérdida de «sólo» 17 plazas de un total de 241, lo que supone el 7 por ciento.
El Ministerio de Transportes, tras publicar la auditoría, anunció que a partir de ahora la Dirección general del Sector Ferroviario se ocupará de «garantizar la adecuada cooperación y coordinación entre Adif y los diferentes operadores ferroviarios» para evitar otro ‘Fevemocho’.