Disputa familiar sobre una herencia de 315.000 euros en el Tribunal de Toledo

La muerte siempre es difícil de afrontar, pero la falta de un testamento puede complicar aún más las cosas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la familia de Guillermo Juan, un hombre que falleció hace casi siete años sin dejar un testamento. Ahora, un tribunal de la Audiencia Provincial de Toledo se ve obligado a resolver la controversia generada por la herencia.

La disputa legal ha sido iniciada por los herederos de Juan, bajo la representación del fiscal Ángel Demetrio de la Cruz y el abogado Ángel de Miguel. Acusan a dos de los sobrinos de Juan, Víctor y María Luisa, de apropiarse de 315.000 euros durante los dos años en los que su tío vivía y después de su muerte.

Durante el juicio, los hermanos acusados se presentaron como los familiares más cercanos de Juan. Declararon que eran los responsables de las gestiones financieras de su tío y que eran los únicos autorizados en dos de sus cuentas bancarias. Según su versión, sacaban el dinero que él les indicaba y lo entregaban para que lo guardara en la habitación de una residencia de mayores donde vivía en Talavera de la Reina.

La defensa alega falta de pruebas

Manuel Arroyo, el abogado defensor, apeló al principio jurídico ‘In dubio pro reo’, exigiendo una prueba «directa, contundente y clara» de que los hermanos se apropiaron indebidamente del dinero. Argumentó que no existen pruebas firmes de que María Luisa y Víctor hayan robado la cantidad mencionada.

La Fiscalía y la acusación particular, sin embargo, tienen una visión diferente. Aseguran que la evidencia es clara y contundente. El abogado de Miguel, quien representa a otros herederos de Juan, un antiguo propietario de un bar en Madrid antes de su retiro en Talavera en 2015, sostiene firmemente esta postura.

Los hermanos, autorizados por su tío en dos cuentas bancarias, retiraron más de 201.000 euros entre 2016 y 2017. Pero las acusaciones no terminan ahí. Con un grave deterioro físico, el tío falleció el 10 de octubre de 2017. Dos días antes de su muerte, los hermanos realizaron una transferencia de 21.470 euros a un concesionario para la compra de dos automóviles desde una de las cuentas de Juan. La víspera de su muerte, cancelaron fondos de inversión y productos financieros de Juan, transfirieron el efectivo a una cuenta corriente y retiraron 96.430 euros en cajeros automáticos de Talavera, Alicante, Benidorm, Madrid y Torrijos entre el 11 de octubre de 2017 y el 26 de abril de 2018.

En sus testimonios, María Luisa y Víctor insistieron en que su tío les había pedido comprar los coches antes de su muerte y negaron haber tenido tarjetas bancarias de las cuentas de Juan. Aseguraron que Juan estaba en plenas capacidades antes de su deterioro y que siguieron sus instrucciones hasta el final. Un notario les otorgó un poder después de tener una entrevista personal con el anciano, quien según ellos, estaba en su sano juicio.

“No dispusimos del dinero de mi tío sin su consentimiento y no sacamos dinero desde su fallecimiento”, afirmó tajante María Luisa. También mencionó la posible presencia de terceras personas en esta historia, “una señora según me dijeron en el banco”, que habrían acompañado a su tío en alguna ocasión a la sucursal, pero sin dar más detalles.

El caso está aún en proceso, y hay 315.000 euros en juego, junto con seis años y seis meses de prisión para cada hermano por un delito de apropiación indebida.