El Salvador amplía su presencia militar en el país caribeño

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha comenzado a publicar mensajes en criollo haitiano para dirigirse tanto a la población de Haití como a los líderes de las pandillas que ha situado en el centro de su ofensiva tras el secuestro, hace un mes en Puerto Príncipe, de cuatro aerotécnicos centroamericanos.

La operación, iniciada como un rescate, derivó poco después en una misión de combate con el despliegue de más de 2.500 soldados salvadoreños. Se trata de la primera ocasión en que Bukele lleva fuera de El Salvador su política de «mano dura» contra las pandillas, y el mandatario ya ha reivindicado resultados.

«Cumplimos nuestra promesa. Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda 400 Mawozo», escribió este martes en X, en alusión a Wilson Joseph, dirigente de una de las pandillas más peligrosas de Haití. Bukele afirmó además que la mayoría de sus integrantes escaparon sin combatir.

El presidente salvadoreño sostiene que pretende trasladar a Haití la estrategia aplicada en su país. La semana pasada argumentó que El Salvador padeció un sufrimiento similar al que atraviesa actualmente la nación caribeña y señaló que conoce las consecuencias de vivir con miedo y de desconfiar de las promesas políticas. Sin embargo, al igual que su política interna ha recibido numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos, la nueva intervención plantea interrogantes.

La ONU se distancia de la operación

Naciones Unidas ha aclarado que no participa en esta iniciativa y que los militares salvadoreños no forman parte de la misión internacional que combate desde hace dos años a las bandas haitianas. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, precisó que el contingente queda fuera del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas.

La incursión cuenta, no obstante, con la autorización y el respaldo del debilitado Gobierno haitiano. A las dudas sobre su legalidad se añaden los cuestionamientos de especialistas en seguridad acerca de las posibilidades de éxito de la misión.

Bandas con una estructura diferente

Romain Le-Cour-Grandmaison, director del Observatorio de Haití de la organización Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), advierte de las diferencias entre las maras salvadoreñas y los grupos armados haitianos, pese a que comparten el control territorial, la extorsión y la violencia contra la población.

Las organizaciones criminales más poderosas de Haití reúnen entre 15.000 y 20.000 miembros, disponen de armas semiautomáticas y dominan amplias zonas del país. Según la ONU, controlan el 90% de Puerto Príncipe, además de parte de las provincias.

En determinados territorios, las fuerzas públicas no han entrado desde hace cinco años. Esta situación ha permitido a las bandas ejercer un control de facto, recaudar impuestos y dominar carreteras e infraestructuras portuarias.

El experto subraya asimismo que los orígenes de estos grupos son distintos. Mientras la MS-13 y Barrio 18 surgieron en Los Ángeles y llegaron a El Salvador con las deportaciones de la década de 1990, tras la guerra civil, muchas bandas haitianas nacieron o se fortalecieron junto a actores políticos y económicos que las utilizaron para sus propios fines.

Le-Cour-Grandmaison apunta que resulta imposible anticipar con certeza su respuesta a una presión sostenida en un contexto de colapso estatal, con una Policía desbordada, una justicia paralizada, cárceles vaciadas en 2024, apoyos de élites políticas y económicas documentados por expertos de la ONU, un flujo continuo de armas desde Estados Unidos y una reacción internacional que considera tardía e insuficiente.

Sobre el posible resultado de la intervención, plantea dos escenarios: la fragmentación de los grupos criminales tras la captura o neutralización de dirigentes, o una mejora efectiva de la seguridad. Incluso en este segundo supuesto, considera que permanecería intacta la criminalidad político-económica que sostiene a las bandas.

Un contingente con facultades ampliadas

Los movimientos de Bukele durante los últimos meses sugieren que una intervención de mayor alcance en Haití ya estaba sobre la mesa antes del secuestro de los aerotécnicos. A finales de septiembre, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una reforma que amplió las atribuciones de su contingente en el país caribeño.

Hasta entonces, el grupo estaba formado por menos de 200 militares dedicados a tareas técnicas, entre ellas evacuaciones médicas en helicóptero. Tras la reforma, las tropas obtuvieron un marco legal más amplio para participar en operaciones de seguridad. También se eliminó la obligación de Bukele de presentar informes periódicos ante el Parlamento, lo que redujo la rendición de cuentas sobre las actuaciones de los soldados.

El contingente opera ahora de manera independiente del despliegue internacional. Ante el deterioro de la Policía Nacional de Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre de 2023 la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia y desplegada desde mediados de 2024.

La falta crónica de financiación, equipos adecuados y efectivos suficientes limitó de forma grave sus operaciones. Posteriormente, la misión se transformó en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una estructura multilateral más sólida y con reglas de enfrentamiento más ofensivas para intentar recuperar el control de Puerto Príncipe.

Aunque El Salvador ya colaboraba con un pequeño contingente técnico bajo ese paraguas internacional, el nuevo despliegue de más de 2.000 uniformados se sustenta en un acuerdo bilateral directo entre Bukele y el Ejecutivo haitiano. Por ello, opera al margen de la cadena de mando y de los mecanismos de supervisión de Naciones Unidas.

La incertidumbre política agrava la crisis haitiana

La intervención se desarrolla en medio de la prolongada crisis política, económica y social de Haití, considerado probablemente el país más pobre y violento de América Latina. La nación no celebra elecciones desde 2016 y carece de un presidente elegido desde el asesinato de Jovenel Moïse, en julio de 2021.

Desde 2024, Haití está gobernado por un Consejo Presidencial de Transición debilitado por disputas internas y por la parálisis administrativa. Después de varios aplazamientos provocados por la violencia, las autoridades fijaron las elecciones para diciembre de este año, con el propósito de instaurar un nuevo Gobierno constitucional a comienzos de 2027. No obstante, la inseguridad vuelve a poner en duda ese calendario.