La AIE reclama cautela ante el calendario de cierre nuclear

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que España no debería ejecutar el cierre completo de su parque nuclear conforme al calendario vigente sin evaluar antes sus efectos sobre la estabilidad de la red eléctrica y el aprovechamiento del despliegue renovable. En su último examen de las políticas energéticas españolas, difundido este jueves, el organismo recomienda al Gobierno estudiar la continuidad de cada reactor de forma individualizada.

La recomendación llega después de la prórroga de la central de Almaraz hasta 2030. La AIE sostiene que las decisiones sobre clausuras deben adoptarse con la máxima prudencia y tras valorar, caso por caso, los costes y beneficios antes de realizar desconexiones irreversibles.

El organismo, con sede en París, advierte de que la seguridad del suministro eléctrico y la consolidación de los avances derivados de las renovables requieren un marco regulatorio transparente. Esta posición añade presión al Ministerio para la Transición Ecológica, que ha defendido que la continuidad de la planta extremeña es una excepción puntual y no altera la hoja de ruta de cierre escalonado hasta 2035 acordada con las propietarias de los siete reactores españoles.

El avance renovable reduce costes, pero persiste la dependencia exterior

El informe destaca el crecimiento de las energías renovables en España durante la última década. Su participación en la generación eléctrica pasó del 35% en 2015 al 56% en 2025, una evolución que ha contribuido a recortar cerca de una quinta parte de las emisiones del sector eléctrico.

La expansión de la potencia solar y eólica también supuso un alivio económico en 2024. Según la AIE, evitó que las importaciones de gas natural destinadas a generar electricidad aumentaran un 40%, lo que habría implicado un coste adicional de 26.000 millones de dólares, equivalentes a unos 23.000 millones de euros.

Electrificación y almacenamiento, retos pendientes

Pese a ese avance, la Agencia señala que España mantiene una vulnerabilidad estructural: depende de las importaciones para cubrir casi el 70% de su demanda energética total. Además, la electrificación solo representa el 25% del consumo final, por debajo del objetivo oficial del 35% para 2030.

En este contexto, la energía nuclear desempeña una función de respaldo. Aunque las renovables concentran gran parte de la producción durante las horas centrales del día, los reactores aportan de manera continua alrededor de una quinta parte de la electricidad nacional, sin emisiones directas.

La AIE alerta de que cerrar las centrales sin contar con almacenamiento a gran escala plenamente operativo —como bombeo hidroeléctrico o baterías industriales— obligaría a recurrir a ciclos combinados de gas durante la noche o en periodos de baja producción eólica. Ese escenario podría compensar parte de los ahorros en hidrocarburos gracias a un aumento de las compras de gas en los mercados internacionales, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio.

El reto de trasladar el menor coste de generación a consumidores

La convivencia de las distintas tecnologías también plantea un desafío económico para el regulador. La elevada producción solar reduce los precios mayoristas en las horas de mayor radiación, pero los peajes, los costes fijos de red y la carga fiscal siguen elevando la factura final de los consumidores.

Esta situación mantiene a los combustibles fósiles en una posición favorable en ámbitos relevantes como la calefacción y el transporte. La AIE valora la eliminación en 2026 del impuesto del 7% a la producción eléctrica, aunque considera necesario seguir reformando las tarifas para que hogares e industrias perciban directamente los beneficios de la generación limpia y aceleren sus inversiones.