Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC), ha afirmado que en España no hay una desafección hacia el sistema judicial y, aún menos, hacia el constitucional. El también exfiscal general del Estado participó esta semana en Logroño en las jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, donde abordó los principales debates que afectan al órgano encargado de interpretar la Carta Magna.

Los principios sociales y económicos de la Constitución

El encuentro estuvo dedicado a los principios rectores de la política económica y social recogidos en la Constitución. Conde-Pumpido subrayó que, aunque no tienen la consideración de derechos fundamentales, constituyen mandatos que el legislador debe desarrollar.

Según explicó, durante mucho tiempo estos principios fueron minusvalorados al entenderse que solo podían hacerse efectivos a través de la legislación. Sin embargo, defendió que no son conceptos abstractos, sino cuestiones que deben concretarse en la vida diaria de los ciudadanos.

Vivienda, medio ambiente e igualdad

Entre esos ámbitos citó el derecho a la vivienda, que consideró especialmente relevante. Indicó que no está configurado como un derecho fundamental debido a sus límites, entre ellos el derecho a la propiedad y a la libre empresa, pero recalcó que obliga al legislador. El TC ha dictado durante el último año una docena de sentencias relacionadas con esta materia.

También mencionó el derecho al medio ambiente, el interés superior del menor y los derechos de igualdad de las mujeres. A su juicio, el hecho de que la actual Constitución, próxima a cumplir 50 años, sea la más longeva de la historia de España exige trabajar con una perspectiva de medio y largo plazo para reforzar los derechos fundamentales. Añadió que la Carta Magna ha proporcionado las mejores décadas de democracia, paz y protección de derechos en el país.

La relación entre el Constitucional y el Supremo

Sobre el roce entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a raíz de la amnistía por malversación a líderes del procés, Conde-Pumpido señaló que los tribunales constitucionales europeos son instituciones relativamente recientes y que pueden surgir conflictos con los órganos que encabezan la jurisdicción ordinaria.

Recordó que el Supremo es el máximo intérprete de la jurisdicción ordinaria, mientras que el TC lo es de la Constitución. Esta relación puede generar una dialéctica puntual, pero sostuvo que acaba resolviéndose de forma pacífica mediante la jurisprudencia. «Nuestra interpretación debe ser la que prime en todo momento», señaló al referirse al mandato constitucional.

El presidente del TC consideró que la polarización política, especialmente en periodos electorales, incrementa la atención mediática sobre los asuntos conflictivos. No obstante, destacó que numerosos casos judiciales se resuelven sin controversia y pasan más desapercibidos. «Finalmente el sistema funciona y funciona correctamente», afirmó.

La amnistía de la malversación

Preguntado por si la decisión sobre la amnistía fue jurídica o política, Conde-Pumpido evocó al fundador del TC, Manuel García-Pelayo, quien defendía que el Constitucional debe resolver problemas políticos mediante argumentos jurídicos.

Insistió en que el tribunal adopta decisiones estrictamente jurídicas y solo interviene cuando recibe un recurso de amparo, un ámbito de su competencia exclusiva para tutelar derechos fundamentales. En el caso concreto de la malversación, explicó que esta figura «está claramente incluida en la ley», aunque el Supremo entendía que se daba una excepción. «Nosotros estimamos que no concurría», precisó.

La Ley de Nietos y la competencia del Supremo

Respecto a la inadmisión del recurso del Defensor del Pueblo sobre la denominada Ley de Nietos, Conde-Pumpido explicó que el procedimiento todavía se encuentra en curso y que, por ello, la competencia corresponde al Tribunal Supremo.

Diferenció este supuesto del de la amnistía, en el que la jurisdicción ordinaria ya había concluido su actuación antes de que entrara el TC. Sobre una posible intervención futura del Constitucional en la Ley de Nietos, evitó pronunciarse al tratarse de un escenario hipotético y manifestó su respeto por la decisión del Supremo.

Crítica judicial, lawfare y confianza institucional

Conde-Pumpido rechazó que la difusión del término lawfare, referido al uso político de la justicia, implique desafección hacia los tribunales. «Creo que no existe una desafección hacia el sistema judicial y mucho menos hacia el sistema constitucional», sostuvo.

Atribuyó las controversias a la propia naturaleza de la actividad judicial y constitucional, que consiste en resolver conflictos en los que concurren posiciones discrepantes o contradictorias. Defendió el derecho de la ciudadanía a criticar las decisiones judiciales, pero distinguió entre esa crítica y la descalificación de los tribunales. A su entender, descalificar a estas instituciones supone también cuestionar la Constitución y la democracia.

El TC, en el centro del debate político

Sobre los acuerdos electorales entre partidos de izquierda y derecha en las listas al Senado, que tienen entre sus objetivos influir en la futura composición del Constitucional, el presidente del TC evitó valorar las estrategias políticas. Aseguró que el tribunal no puede pronunciarse sobre las decisiones que adopten los partidos en sus candidaturas o planteamientos electorales.

Sin embargo, consideró positivo que se reconozca la función «muy, muy relevante» que desempeña el Tribunal Constitucional. En su opinión, poner en valor al TC también supone destacar el papel que corresponde a la Constitución.

La pluralidad de votos en el Tribunal Constitucional

El presidente del TC rechazó que los resultados de las votaciones puedan preverse únicamente según quién haya designado a los magistrados o por supuestas afinidades ideológicas. Calificó esa interpretación de «una especie de leyenda urbana».

Como ejemplo, citó la reciente inadmisión del recurso de amparo sobre la Ley de Nietos, que fue aprobada por diez votos contra dos. Desde que ocupa la Presidencia, indicó, el Constitucional ha dictado 600 sentencias: algunas han salido adelante por siete votos frente a cinco, pero muchas otras han sido unánimes o han contado con repartos distintos.

Conde-Pumpido defendió que la pluralidad de opiniones es natural y lógica. En cuanto a los votos particulares, recordó que algunos tribunales, como el Constitucional francés, el italiano o el de Justicia de la Unión Europea, no los admiten porque entienden que pueden debilitar la fuerza de una decisión colegiada. La Constitución española, en cambio, reconoce este derecho para reflejar con transparencia las opiniones divergentes.

El presidente del TC recalcó que una ley no pierde su condición por ser aprobada con un único voto de diferencia. Del mismo modo, una sentencia constitucional aprobada por mayoría pasa a formar parte de la doctrina constitucional vigente y debe ser respetada por todos los magistrados, incluso aunque expresen opiniones distintas.