La expansión de los robotaxis abre un nuevo escenario para el sector del transporte de viajeros. Mientras las grandes plataformas estudian cómo reducir costes laborales mediante vehículos autónomos, sindicatos y profesionales reclaman medidas que garanticen la protección de los trabajadores ante una eventual sustitución de conductores.
Las plataformas preparan su llegada a España
Un empresario del taxi calcula que mantener a un conductor asalariado supone más de 30.000 euros brutos al año, entre el salario base, los complementos, las pagas extraordinarias y las cotizaciones a la Seguridad Social. Las grandes compañías de movilidad también realizan sus propios cálculos, con la previsión de eliminar progresivamente la figura del trabajador al volante.
La amenaza empieza a concretarse en Madrid. Waymo, filial de Alphabet, anunció el pasado martes su intención de ofrecer viajes sin conductor en la región desde 2027. La compañía prevé iniciar próximamente pruebas con sus Jaguar I-Pace en Madrid, Getafe y Alcobendas.
Estos planes se añaden a los de Uber, que, junto a WeRide y Avomo, prepara una primera flota de veinte vehículos con la meta de comenzar su actividad comercial antes de que termine 2026, siempre que obtenga las autorizaciones necesarias.
La reducción de gastos figura entre los principales incentivos para estas empresas. Desde Bolt admiten que, conforme avance la tecnología, la operación de vehículos autónomos puede ser más económica que mantener coches con conductor, especialmente en aquellos mercados con mayores costes laborales. Fuentes de la compañía señalan que su objetivo es desarrollar un servicio comercialmente sostenible y escalable en toda Europa.
Sindicatos alertan de la pérdida de puestos de trabajo
El responsable de transporte por carretera y urbano de UGT, Diego Buenestado, advierte de que «el taxi tiende a desaparecer». Aunque UGT y CC OO consideran todavía lejana una implantación generalizada de los robotaxis en España, ambas organizaciones exigen una regulación que proteja el empleo frente a la sustitución paulatina de conductores por vehículos autónomos.
El secretario del Sindicato Libre de Transporte (SLT), José María Cazallas, recuerda que las empresas de VTC cuentan con una media de 2,5 trabajadores por vehículo. El sindicato alerta de que reemplazar a los conductores podría incrementar el desempleo y reducir tanto las cotizaciones a la Seguridad Social como la recaudación fiscal.
El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, rebaja, sin embargo, la preocupación por una sustitución inmediata de los profesionales. A su juicio, persisten obstáculos relevantes para prescindir totalmente de la intervención humana, en especial para atender a pasajeros que requieren ayuda.
Sanz plantea dudas sobre la capacidad de un vehículo sin conductor para asistir a una persona mayor o para introducir una silla de ruedas. En su opinión, los taxistas ofrecen garantías que una máquina difícilmente podrá sustituir.
Un gremio con posturas enfrentadas
La posible llegada de los robotaxis provoca reacciones diversas entre los profesionales. Roberto Mendoza, taxista desde hace tres años y propietario de una licencia desde junio, explica que ha encontrado opiniones de todo tipo entre sus compañeros y en las estaciones.
Algunos conductores entienden que la entrada de grandes tecnológicas podría favorecer a los actuales propietarios de licencias si esas compañías necesitan comprar nuevas autorizaciones para ampliar sus flotas.
En España hay alrededor de 60.000 licencias de taxi, de las que unas 15.000 pertenecen a Madrid. Si el número de autorizaciones se mantiene limitado y crece el interés de empresas y fondos de inversión, su precio podría elevarse, siempre que los operadores autónomos tengan que acceder a este mismo tipo de licencia. Otros trabajadores, en cambio, temen que competidores con tarifas más bajas reduzcan su volumen de negocio.
Mendoza diferencia la situación de los titulares de licencias de la de los conductores asalariados. Considera que estos últimos serían los más perjudicados por la automatización, ya que las compañías podrían invertir en vehículos autónomos en lugar de contratar a nuevos empleados. Para los propietarios de licencias, la tecnología podría representar una oportunidad, aunque dependería de su capacidad económica para realizar la inversión.
El impacto, según el taxista, puede ser especialmente relevante en el ámbito de las VTC, donde operan grandes compañías con flotas amplias y numerosos conductores asalariados. La inversión necesaria para renovar los automóviles también puede aumentar las diferencias entre pequeños propietarios y empresarios con varias licencias.
Mendoza sostiene que el taxi ha mostrado tradicionalmente mayor resistencia a estas tecnologías y cree que serán sobre todo los floteros, propietarios de numerosas licencias y trabajadores a su cargo, quienes invertirán en coches autónomos.
La regulación y la seguridad, pendientes de resolver
La implantación de vehículos sin conductor también plantea importantes interrogantes regulatorios. Los automóviles con automatización de nivel 4 pueden circular sin intervención humana en áreas delimitadas y bajo condiciones concretas. Para desplazarse emplean cámaras, radares y sensores láser capaces de detectar obstáculos, peatones y otros vehículos.
La seguridad es una de las cuestiones que despierta inquietud entre los representantes del sector. Buenestado recuerda que en San Francisco se produjeron problemas durante un apagón, cuando los coches autónomos quedaron detenidos en mitad de la calle, y anticipa un desarrollo complejo de esta tecnología en las carreteras españolas.
También existen diferencias entre las administraciones. Según fuentes del sector, la Comunidad de Madrid impulsa la implantación de esta tecnología, mientras algunos ayuntamientos, especialmente el de la capital, mantienen reservas. Las condiciones para que estas flotas puedan circular y prestar servicios de transporte de viajeros siguen pendientes de definición antes de su despliegue comercial.
Una licencia de taxi, cerca del precio de una vivienda
En una gran ciudad, una licencia de taxi puede costar prácticamente lo mismo que una vivienda. Con un precio del metro cuadrado situado en torno a los 2.930 euros, una casa estándar de 70 metros cuadrados alcanza de media los 205.000 euros. En paralelo, en Madrid, Barcelona y otros territorios costeros con gran afluencia de visitantes, una licencia se sitúa alrededor de los 200.000 euros.
El plazo estimado de amortización es de diez años, aunque lo habitual es recuperar la inversión en menos de la mitad de ese tiempo. El coste depende de la oferta. Las cerca de 60.000 autorizaciones de taxi registradas en España se han mantenido bastante estables en los últimos años, mientras que el valor de las licencias ha experimentado variaciones notables.
Durante la pandemia de covid-19 se llegaron a registrar precios mínimos de 60.000 euros, debido al desplome del uso del servicio durante el confinamiento. Desde entonces, el precio de las autorizaciones se ha más que triplicado, aunque con grandes diferencias entre territorios.
Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi, afirma que en las zonas rurales el valor de una licencia es prácticamente «anecdótico» y que incluso los 10.000 euros pueden ser una cifra difícil de alcanzar. Considera, no obstante, que los precios se encuentran ahora relativamente estables y todavía por debajo de los máximos de 2005, cuando superaron ampliamente los 220.000 euros.

