Washington plantea sanciones a buques españoles y restricciones comerciales
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impedir la escala en puertos españoles de buques estadounidenses cargados con armamento destinado a Israel, en el contexto de la guerra de Gaza, podría tener repercusiones relevantes sobre el comercio exterior. La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) considera que España ha aplicado «prácticas portuarias restrictivas» y ha planteado medidas contra el país.
La propuesta contempla dos vías de actuación. Por un lado, la FMC plantea cobrar un peaje de 180.000 euros por cada barco con bandera española que opere en puertos estadounidenses. Por otro, propone limitar las importaciones de aceites, cosméticos, cerámica, artículos de piedra y productos de confitería.
Estos cinco sectores exportaron a Estados Unidos 2.758 millones de euros en 2025, una cifra equivalente al 16% de todas las ventas españolas a ese mercado y a alrededor del 0,7% del total de las exportaciones nacionales. El Club de Exportadores e Inversores Españoles advierte de que, pese a su peso limitado en el conjunto de las ventas al exterior, el impacto sobre las compañías afectadas puede ser importante debido a la interdependencia comercial entre ambos países.
La cerámica concentra la mayor exposición al transporte marítimo
Los datos de Eurostat indican que, entre enero y agosto de 2026, España ya exportó por vía marítima más de 802 millones de euros en los productos incluidos en las posibles restricciones.
La industria del azulejo y la cerámica, especialmente concentrada en Castellón, aparece como la más expuesta al conflicto por su total dependencia del transporte marítimo, derivada del volumen y el peso de sus mercancías. En los ocho primeros meses de 2026, las exportaciones de estos productos a Estados Unidos por barco alcanzaron los 483,3 millones de euros.
En segundo lugar figuran los aceites y grasas, con 147,3 millones de euros embarcados durante el mismo periodo, lo que afecta de forma directa al aceite de oliva andaluz en uno de sus mercados más rentables. La relación de sectores afectados se completa con las manufacturas de piedra y cemento, por valor de 119,4 millones; la cosmética, con 27 millones, y el sector del azúcar, con 25 millones de euros.
Los exportadores reclaman una respuesta coordinada con la Unión Europea
La resolución de la FMC, organismo independiente cuyos miembros son designados por Donald Trump con el voto del Senado, todavía no es definitiva. Sin embargo, el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha alertado al Ejecutivo de que las consecuencias para las empresas podrían ser graves.
La organización sostiene que la respuesta a esta crisis bilateral debe coordinarse con la Unión Europea, ya que la política comercial es una competencia exclusiva de Bruselas. Esta semana, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defendió que la medida española no se dirige contra los barcos de ningún país, sino que prohíbe el tráfico de armas hacia Israel a través de los puertos nacionales, en relación con el embargo impulsado por el Gobierno.
La FMC ha abierto una consulta pública de 60 días, cuyo plazo concluye el próximo 14 de diciembre. Los exportadores reclaman que la Comisión Europea lidere la respuesta diplomática. El presidente del Club, Antonio Bonet, considera que esta escalada «no beneficia a ninguna de las partes» y terminará afectando también a los importadores, distribuidores y consumidores de Estados Unidos.
Una posible negociación antes de que las medidas sean definitivas
El planteamiento actual introduce un elemento de alivio: los 200.000 dólares por escala propuestos ahora son notablemente inferiores a la multa de 2,3 millones por viaje con la que Washington amenazó a finales del pasado año. Además, el texto contempla la posibilidad de retirar las restricciones si se alcanza un acuerdo.
Por ello, los exportadores animan a las empresas españolas a participar en la consulta pública estadounidense con datos económicos concretos para favorecer una salida negociada antes de que las sanciones sean definitivas. «La prudencia no significa pasividad. Es fundamental defender los intereses de las empresas españolas, utilizar todos los cauces de diálogo disponibles y trabajar para alcanzar una solución negociada», concluye Bonet.