Desde el 10 de agosto, una semana después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley «ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural», ha comenzado a regir una serie de normas que apuntan a la eficiencia energética. Estas medidas, solicitadas por Bruselas, buscan un ahorro del 7% de la energía en España y están orientadas hacia la reducción de la dependencia energética del gas natural.
La primera norma en entrar en vigencia fue la limitación de la temperatura del aire acondicionado a 27 grados y la de calefacción a 19. Además, se estableció que a partir de las 22.00 horas, los escaparates y edificios públicos desocupados deben apagar sus luces.
A pesar de las solicitudes de varias comunidades autónomas de aplazar o incluso de retirar el plan, el Gobierno ha mantenido su postura. Las restricciones a los termostatos afectan a una amplia gama de establecimientos, incluyendo grandes almacenes, edificios administrativos, comercios, restaurantes, espacios culturales, cines, hoteles y edificios de transporte de viajeros, como aeropuertos y estaciones.
Las instalaciones que quedan excluidas de estas restricciones son los hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías, cocinas de restaurantes y lavanderías. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aclaró que el decreto debe aplicarse con la flexibilidad necesaria en aquellos lugares donde los trabajadores deban desplazarse y realizar ejercicio físico.
El ministro de Industria, Reyes Maroto, defendió la norma, señalando que contempla excepciones necesarias para garantizar la climatización en todos los espacios. Destacó que los supermercados se mantendrían bajo la excepción en zonas donde es necesario mantener la cadena de frío de los alimentos.
Por otro lado, el apagado de luces afectará a los escaparates y edificios desocupados a partir de las 22.00 horas. Esta medida ha ocasionado la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien buscará recurrir al Tribunal Constitucional para tumbar el plan.
Comunidades lideradas por el PP como Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León han solicitado la retirada del plan. La oposición del PP ha llevado a la ministra Ribera a afirmar que no habrá cambios en el decreto ley.
En caso de incumplimiento de las medidas, el Gobierno puede acogerse al Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) para imponer multas que pueden llegar hasta 60.000 euros por infracciones leves, hasta seis millones de euros por las graves y un total de 100 millones de euros por las muy graves.
La ministra de Transición Ecológica agregó que en la primera fase no se aplicarían las multas, estableciendo un período de transición. A partir del 2 de septiembre, los edificios afectados deberán presentar cartelería y señales que informen sobre la aplicación de las medidas de ahorro energético. Además, deberán comenzar con la instalación de un sistema de cierre de puertas que deberá estar listo para el 30 septiembre. El plan tiene fecha de expiración para noviembre de 2023.