El Gobierno español ha anunciado una nueva iniciativa para ayudar a los jóvenes y a las familias con hijos a acceder a la propiedad de la vivienda. Esta medida, aprobada el martes, consiste en una línea de avales que asciende a 2.500 millones de euros, y que será gestionada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El objetivo de esta medida es facilitar la compra de una vivienda a alrededor de 50.000 jóvenes y familias con hijos menores, a través de un aval que cubrirá entre el 20% y el 25% del valor de la propiedad. Este es el porcentaje que los bancos normalmente exigen como aportación inicial para conceder una hipoteca. Con este aval, el Gobierno pretende que las entidades financieras cubran el 100% del coste de la propiedad, reduciendo así la cantidad que los compradores deben tener ahorrada al 10%, destinada a cubrir gastos como impuestos, notaría y registro.
Estos avales están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años y familias con hijos menores a su cargo, sin límite de edad. Los beneficiarios deben haber residido legalmente en España durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. Aquellos que ya sean propietarios de otra vivienda no podrán beneficiarse de esta ayuda, con la excepción de aquellos que sean propietarios de una parte de una vivienda heredada, o que no puedan disponer de su vivienda por circunstancias ajenas a su voluntad o debido a una discapacidad.
Los ingresos individuales de los beneficiarios no deberán superar los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble, hasta los 75.600 euros. El patrimonio de los compradores tampoco podrá superar los 100.000 euros.
El Ministerio de Vivienda y el ICO firmarán un convenio para implementar y gestionar la línea de avales. Las entidades financieras que quieran participar en esta iniciativa podrán adherirse a este convenio y, a partir de ese momento, los potenciales beneficiarios podrán solicitar la hipoteca avalada a través de dichos bancos. El aval se concederá en el mismo acto de concesión del préstamo y no tendrá ningún coste para el beneficiario o la entidad financiera.
El préstamo a avalar podrá ser de hasta el 100% de la cuantía que resulte menor entre el valor de tasación del inmueble y el precio de compra de la vivienda. Sin embargo, en el convenio que firmarán el Ministerio de Vivienda y el ICO, se establecerá un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda.
El Ministerio de Vivienda compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. Es decir, si el préstamo entra en morosidad, el Estado asumirá hasta el 20% de las pérdidas que ello genere. Si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, el Ministerio podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo.
El plazo del aval será por un máximo de 10 años, independientemente del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de un periodo de carencia en el pago de las cuotas. Durante ese periodo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a circunstancias excepcionales que exijan el cambio de vivienda, como la celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso, entre otros.