El lunes pasado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España mantuvo la segunda reunión con la patronal y los sindicatos para discutir las posibles modificaciones a la normativa en materia de pensiones. Uno de los puntos clave en la agenda de la ministra Elma Saiz es la jubilación anticipada. La ministra propone que los trabajadores de aquellos sectores con un alto índice de bajas y accidentes puedan retirarse antes. Esta propuesta es uno de los elementos contenidos en el primer borrador presentado a los agentes sociales. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida ya que no están de acuerdo con todas las variables consideradas para justificar el retiro anticipado, ni confían en las estadísticas oficiales actuales para sustentar dichos índices.
La legislación española actual ya permite a ciertos colectivos jubilarse antes de la edad ordinaria, que en 2024 será de 66 años y seis meses, sin que ello conlleve una reducción de su pensión. Entre estos colectivos se encuentran los policías locales, los trabajadores ferroviarios y los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.
Ahora, el Gobierno está negociando modificar las condiciones que determinan qué colectivos pueden y cuáles no pueden acceder a la jubilación anticipada. Los negociadores de la Seguridad Social proponen considerar factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que puedan producirse, según fuentes del departamento liderado por Saiz.
No obstante, la primera propuesta no ha convencido a los agentes sociales. Los sindicatos advirtieron en la pasada reunión que el planteamiento del Ejecutivo podría llevar a sesgos de género indirectos. En gremios altamente feminizados, como por ejemplo el de las camareras de piso, las dolencias profesionales están muy infra detectadas y como las empleadas necesitan el dinero muy pocas acaban cogiendo la baja. Según apuntan fuentes sindicales consultadas, una casuística así quedaría excluida de esos índices objetivos que pretende construir el Ministerio de Seguridad Social.
Durante las negociaciones de la pasada legislatura, el Gobierno y los agentes sociales consensuaron revisar el catálogo de profesiones susceptible de acogerse a los coeficientes reductores cada 10 años. Cambiar la normativa en lo relativo a la jubilación anticipada tiene efectos directos sobre las empresas, ya que aquellos sectores considerados como ‘penosos’ pagan mayores cotizaciones a la Seguridad Social. Ampliar los gremios considerados como penosos implicará un aumento de costes laborales para las compañías o la propia Administración.
Actualmente, el Ministerio tiene en su mesa alrededor de 70 expedientes de asociaciones, empresas o trabajadores que reclaman que su profesión sea reconocida como penosa y que se habilite así un retiro anticipado. La Seguridad Social deberá decidir si resuelve dichos expedientes antes o después de consensuar la nueva normativa con los agentes sociales.
Las negociaciones continúan y en los próximos días el Ejecutivo remitirá una propuesta por escrito a la patronal y los sindicatos en materia de jubilación parcial y contrato de relevo, dos prioridades de los agentes sociales que quedaron pendientes de abordar durante la pasada legislatura. Aquí también puede la Seguridad Social incluir propuestas en relación a su idea de maximizar las posibilidades e incentivos para que un trabajador decida alargar su vida laboral más allá de la edad de jubilación y compatibilizar parte de su pensión y el sueldo.