El jueves pasado, el Parlamento Europeo dio su respaldo definitivo a la tan discutida reforma del mercado eléctrico, una medida que había sido acordada por la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea a finales de diciembre del año pasado. Esta reforma se produce en medio de una caída dramática de los precios en el mercado mayorista español, lo que plantea una paradoja dada la intención original de la reforma.
Esta reforma fue impulsada por España a raíz de un aumento abrupto de los precios de la electricidad que comenzó a mediados de 2021. La intención era proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios de la luz y, simultáneamente, acelerar el despliegue de las energías renovables.
La norma, que consta de un reglamento y una directiva, fue ratificada por una amplia mayoría de la cámara, pero para que se convierta en ley aún debe ser respaldada formalmente por el Consejo de la Unión Europea.
El texto aprobado no modifica el modelo de formación de precios marginal, en el que la tecnología más cara, en este caso el gas, se toma como referencia. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de revisar el texto dentro de tres años. El sistema marginalista fue diseñado para impulsar el desarrollo de las renovables durante una época en que los sistemas eléctricos se basaban principalmente en tecnologías fósiles.
Pero en un sistema que está cada vez más dominado por las energías renovables, la lógica marginalista desaparece. Por ello, no es descartable que se deba realizar una nueva reforma cuando las renovables se generalicen en toda Europa, o si se empiezan a ver escenarios de precios de mercado similares a los de las últimas semanas en España, con muchas horas a precios cero e incluso negativos.
El principal cambio propuesto por la reforma es fomentar los mercados a plazo para aumentar su liquidez. Esta es la fórmula acordada para intentar reducir la volatilidad de los precios. Para ello se facilita el uso de dos instrumentos: los acuerdos de compra de energía (PPA), que se firman entre generador y consumidor, y los denominados ‘contratos por diferencias’ (CFD).
Los CFD son contratos entre el productor de energía y un Gobierno que respaldan las inversiones en generación eléctrica. Cuando el precio de mercado es inferior al pactado en el contrato, el Gobierno lo ha de complementar, de modo que el productor no pierda. Sin embargo, si el precio de mercado es superior a lo pactado en el contrato inicial, el generador ha de devolver una cantidad al Gobierno, para evitar ganancias excesivas para los generadores.
En las negociaciones que llevaron a este acuerdo se permitió el uso de los CFD en todas las inversiones en nueva producción de electricidad, ya fuera de energía renovable o nuclear. Esto fue un punto de discusión importante entre Francia y Alemania durante las negociaciones.
La futura ley del mercado eléctrico también establece una mayor protección para los clientes. Establece el derecho de los consumidores a acceder a contratos de precio fijo o contratos de precio dinámico, y a recibir información importante sobre las opciones a las que se suscriban.
Además, los proveedores no podrán cambiar unilateralmente los términos de un contrato y los países de la Unión Europea podrán prohibir a las eléctricas cortar el suministro de electricidad a clientes vulnerables. También establece un mecanismo para declarar una crisis de precios de la electricidad bajo ciertas condiciones.
El eurodiputado español Nicolás González Casares, el principal defensor de la reforma en la Eurocámara, defendió la medida diciendo que «El texto incluye medidas para proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables y acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables. El Parlamento ha dado un paso adelante en la democratización de la energía, creando un diseño de mercado que responde a los fallos expuestos por la crisis energética».
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmó que el acuerdo envía «una señal de compromiso por parte de las instituciones europeas con los consumidores para los momentos en que se pueda producir una emergencia».