La Policía Nacional en España ha llevado a cabo un exitoso operativo que resultó en la liberación de 23 víctimas de explotación sexual y la detención de ocho personas implicadas en esta nefasta actividad. Según informes, las víctimas fueron atraídas con la promesa de un trabajo en salones de belleza en seis provincias distintas.
La operación forma parte del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos. Este plan se llevó a cabo tras la identificación de una red criminal que engañaba a sus víctimas con la promesa de empleos en salones de belleza, o con condiciones laborales muy diferentes a las que finalmente se les imponía. Entre las víctimas se encontraba una persona con discapacidad intelectual.
La investigación culminó con la liberación de las víctimas en las ciudades de Úbeda (Jaén), Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares (Madrid), Lugo y Ciudad Real. Simultáneamente, se realizaron detenciones en Úbeda, Alcoy, Guadalajara, Lugo y Ciudad Real, todas relacionadas con delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Como parte de la operación, se realizaron diez entradas y registros en las ciudades de Alcoy, Úbeda, Alcalá de Henares, Lugo, Ciudad Real y Guadalajara. Durante estos registros, se incautaron teléfonos móviles, más de 5.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes como cocaína y ‘tusi’, así como documentación relacionada con la investigación.
La red criminal se centraba principalmente en personas de Colombia o aquellas que se encontraban en España en situación irregular. Las víctimas eran engañadas con promesas de trabajos en el sector de salones de belleza o cuidado de ancianos, o con condiciones laborales muy diferentes a las que finalmente se les imponía.
Los detenidos eran responsables de contactar con los clientes a través de páginas web y acordar los servicios sexuales. Las víctimas no podían rechazar estos servicios y se les obligaba a pagar a la organización aún más dinero en concepto de abono por realizar estas gestiones.
La red criminal obligaba a las víctimas a prostituirse bajo amenazas, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra, lo que dificultaba la detección de su actividad delictiva. Las controlaban con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde las explotaban. Las mujeres tenían que pagar a la organización el 50% de cada servicio sexual. Además, debían anotar cada uno de estos servicios en cuadernos y eran forzadas a trabajar en condiciones insalubres.
La investigación también reveló que la red criminal compraba sustancias estupefacientes que ofrecían a los clientes. Además, se descubrió que la máxima responsable de la red había adquirido múltiples propiedades inmobiliarias en varias provincias de España, e incluso en Colombia, con el dinero obtenido de la explotación y la venta de sustancias estupefacientes.