En medio de la caída de los precios en el mercado mayorista, donde los precios están en cero o incluso en negativo durante varias horas del día, las grandes eléctricas están pidiendo al Gobierno que retire los impuestos y otros costes del recibo de la luz para reducir el coste que los consumidores sienten al final de cada mes. Esta petición no proviene de un deseo de altruismo, sino de un objetivo empresarial para fomentar el cambio del uso de combustibles fósiles a la electricidad. En 2022, el consumo de electricidad en España cayó a los niveles más bajos de los últimos veinte años.
La presidenta de Aelèc, Marina Serrano, una asociación que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, defendió la necesidad de una revisión de la fiscalidad energética durante la presentación del ‘Balance energético de 2023 y perspectivas 2024’, organizado por el Club Español de la Energía en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Serrano argumentó que es necesario dejar de subvencionar los combustibles fósiles y de gravar el consumo eléctrico con cargos que no tienen nada que ver con el suministro. Para ella, la transición energética debe implicar a los consumidores, comenzando con la implementación de la bomba de calor en los hogares y sustituyendo los vehículos con combustibles fósiles por vehículos eléctricos.
En marzo, el precio de la electricidad en el mercado mayorista fue de una media de 20 euros por megavatio-hora (MWh), la mitad que el precio medio en febrero y un 77,5% menos que en marzo del año anterior. Este precio también es mucho más barato que los 50 euros por MWh que solía haber de media antes de la crisis energética. Sin embargo, en las facturas domésticas se añaden una serie de costes relacionados con el suministro, como el pago por el transporte y la distribución, así como otros costos adicionales, como aquellos relacionados con las primas de las renovables más antiguas o la deuda acumulada por el sistema eléctrico durante la primera década de este milenio.
Además de estos costes, hay que añadir una serie de impuestos, que han estado rebajados durante los últimos años debido a la crisis energética, pero que están volviendo de manera progresiva. Por ejemplo, el IVA, que se sitúa en el 21% desde marzo y así seguirá previsiblemente hasta el verano, y el impuesto especial sobre la electricidad del 5,11%, que hasta junio se mantiene en el 3,8%. También está el impuesto del 7% sobre la producción de electricidad, que durante los próximos tres meses será del 5,25%. Serrano lamentó que este sistema desaliente a los consumidores a beneficiarse de la bajada de los precios.
La cuestión principal es que si los consumidores no sienten el descenso del precio de la luz en sus bolsillos, es poco probable que decidan cambiar su consumo y apostar por nuevas tecnologías como el vehículo eléctrico o la bomba de calor. El presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Santiago Gómez Ramos, compartió la opinión de Serrano de que podrían existir medidas fiscales que impulsaran este cambio.
El Gobierno no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, intentó modificar el recibo antes de la pandemia sin éxito. En diciembre de 2020, anunció la transferencia de una parte significativa de los costes fijos del recibo -las primas a las renovables- a los carburantes y la factura del gas a través de un borrador de creación de lo que se denominó el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Sin embargo, este fondo quedó en el limbo durante dos años en el Congreso y finalmente decayó con la disolución del Congreso de los Diputados en mayo del año pasado debido a la convocatoria electoral.
Según las estimaciones de entonces, este fondo habría supuesto una rebaja del recibo de la luz del 13%. Al mismo tiempo, los carburantes habrían subido unos 7 céntimos, según advirtieron las petroleras.

