En un giro dramático de eventos, Víctor de Aldama, el actual presidente del club de fútbol Zamora CF, ha quedado en libertad con cargos después de pasar 48 horas en calabozos. De Aldama fue detenido el pasado martes tras ser vinculado a una presunta trama de venta de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
La Fiscalía no ha pedido al juez el ingreso en prisión de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, ni de los otros dos detenidos que han pasado a disposición del juez por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia. De esta manera, los cuatro quedan en libertad pero con medidas cautelares.
Fuentes jurídicas han informado a EFE que en el caso de Koldo García, las medidas cautelares solicitadas son comparecencias periódicas en el juzgado y la retirada del pasaporte. Los otros tres detenidos que han pasado ante el juez son el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Íñigo Rotaetxe.
Koldo García y Víctor de Aldama han decidido acogerse a su derecho a no declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Esto se da en el contexto de una investigación en curso sobre las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Los agentes han puesto a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de COVID-19. Los contratos en cuestión fueron designados para los ministerios de Transportes e Interior, así como para comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.
Es importante recordar que este miércoles, agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y ‘número dos’ de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación en curso.
La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas. Esto se da dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Las detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios.
La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de COVID-19. Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
En el caso del Ministerio del Interior, fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.
En este contexto, la Guardia Civil también reclamó al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas. A pesar de los recientes acontecimientos, las fuentes consultadas aseveran que la operación sigue abierta y que, por tanto, no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones.