El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha tomado medidas drásticas contra varios «grandes operadores» de comercio electrónico, abriendo un expediente sancionador por presuntas prácticas desleales, específicamente por la aplicación de rebajas engañosas durante la campaña del Black Friday. Las compañías acusadas presuntamente habrían empleado una táctica de inflación de precios antes del Black Friday, para luego rebajarlos a su precio original, lo que constituiría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Esta táctica, en caso de ser confirmada, puede resultar en sanciones severas, incluyendo multas de hasta 100.000 euros. Sin embargo, las sanciones pueden escalar hasta el punto de requerir el pago de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por las empresas. La Dirección General de Consumo, una rama del Ministerio, ha sido la encargada de iniciar los expedientes sancionadores.
Un caso en particular que ha llamado la atención durante la investigación es el de un televisor que se ofertaba por 526,99 euros entre el 15 y el 20 de noviembre de 2023. Sin embargo, el 21 de noviembre, el operador incrementó el precio del televisor a 629,99 euros. Justo a tiempo para el Black Friday, entre el 22 y el 28 de noviembre, el precio del televisor se redujo de nuevo a los 526,99 euros originales.
Este tipo de prácticas pueden llevar a los consumidores a creer erróneamente que están adquiriendo un producto con una rebaja sustancial, en este caso de 103 euros. Sin embargo, esto no refleja la realidad, ya que el precio del producto se infló justo antes de la supuesta rebaja. El Ministerio de Pablo Bustinduy ha expresado su lamento por estas prácticas engañosas.
La Ley de Ordenación del Comercio Minorista es clara en este aspecto. Según el artículo 20 de esta ley, siempre que se ofrezcan artículos con reducción de precio, se debe indicar claramente el precio anterior para una correcta comparación. Además, la ley establece que este precio anterior debe ser el precio más bajo que se haya aplicado al producto en los treinta días anteriores.
La investigación en cuestión comenzó en octubre de 2023, coincidiendo con las ventas del Black Friday. Durante este período, las autoridades monitorizaron un total de 1.140 productos de manera diaria. Como resultado, se identificaron presuntos incumplimientos por parte de varios operadores de comercio electrónico.
Hasta la fecha, el Ministerio ha informado que ya se ha abierto un expediente sancionador a dos de las grandes empresas investigadas. Para las demás empresas, la investigación sigue en curso. Los operadores investigados comercializan una amplia gama de productos, incluyendo electrodomésticos, electrónica, deportes y cosméticos, que se pueden adquirir tanto en tiendas físicas como en grandes superficies.
Este caso ejemplifica la importancia de la regulación en el comercio electrónico y la necesidad de proteger los derechos de los consumidores. Es un recordatorio para los consumidores de estar atentos a las tácticas de precios y de asegurarse de que están obteniendo un verdadero descuento en sus compras. Al mismo tiempo, es un aviso para las empresas de que las prácticas engañosas no serán toleradas y pueden resultar en sanciones significativas.