En una reunión prolongada que tuvo lugar el miércoles por la noche, el Ministerio de Agricultura y Pesca alcanzó un acuerdo con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), una de las principales asociaciones del sector agrícola en España. Este acuerdo se produce en respuesta a las movilizaciones organizadas en todo el país desde el 2 de febrero, con el objetivo de «dar apoyo al campo».
Según las declaraciones a los medios de comunicación por parte de la UPA y el Ministerio de Agricultura, el pacto consta de 43 medidas divididas en siete bloques. Estos incluyen la simplificación y flexibilización de la Política Agraria Común (PAC); cuestiones relacionadas con el comercio transfronterizo de productos agrícolas; el refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria; la mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y el reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en colaboración con las comunidades autónomas.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha expresado su confianza en que otras organizaciones agrarias se unirán a la firma en los próximos días. Señaló que este conjunto de medidas es una demostración del «compromiso absoluto» del Gobierno con el sector agrícola, que es esencial y estratégico para España.
Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA, ha apuntado que las medidas son políticas, económicas y fiscales y responden a la «inmensa mayoría» de las reivindicaciones de la organización agraria. Sin embargo, otras asociaciones agrícolas importantes como COAG y Asaja aún no se han pronunciado al respecto, a la espera de la decisión de su junta directiva.
Entre las medidas propuestas, se promete una importante simplificación de las exigencias de la PAC que reducirá la burocracia y la carga administrativa para los agricultores y ganaderos. También se incluyen medidas fiscales como la deducción del 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y del 15% de fertilizantes, lo que supone aproximadamente 575 millones de euros en deducciones fiscales.
Otra de las principales polémicas de la nueva PAC, los ecorregímenes, también se someterán a una simplificación para adaptarse a la realidad del campo español. El cuaderno digital de explotación será voluntario, se eliminará la exigencia de enviar fotos georreferenciadas de los cultivos y los ecorregímenes estarán exentos de fiscalidad.
En relación con la ganadería, el paquete de medidas supone una flexibilización de varios aspectos del Real Decreto de ordenación de granjas bovinas, y el Gobierno se ha comprometido a financiar los gastos relacionados con la sanidad animal como la tuberculosis o la EHE.
Ramos ha alentado al resto de las organizaciones agrarias a sumarse a este acuerdo que, a su juicio, marca un punto de inflexión en el proceso de movilizaciones del campo. Asegura que este éxito de negociación ha sido «muy trabajado y muy luchado», y que las movilizaciones de la UPA se cancelarán tras la firma del acuerdo.