La Audiencia Provincial interviene en un caso de abuso infantil: una abuela acusada de obligar a su nieta a mantener relaciones sexuales
En un caso alarmante que pone de manifiesto los riesgos para la salud mental y el bienestar de los menores, la Sección Teercera de la Audiencia Provincial se prepara para juzgar a una mujer acusada de obligar a su nieta a mantener relaciones sexuales con un conocido de la familia.
El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), un organismo que vela por la protección de los derechos de los menores, ejerce la acusación particular. Solicita una pena de 15 años de cárcel para la procesada, reflejando la gravedad de los supuestos delitos.
Según el ICASS, la acusada trajo a su nieta a España cuando tenía once años, prometiéndole una vida mejor. Sin embargo, en lugar de proporcionarle una educación segura y saludable, la abuela supuestamente forzó a la nieta de trece años a mantener relaciones sexuales con un hombre mayor, ahora fallecido.
El abuso continuado durante el confinamiento y la explotación laboral infantil
El ICASS también sostiene que la abuela obligó a su nieta a realizar fotografías y videos de contenido sexual durante el confinamiento por la pandemia del Covid. Además, la niña fue supuestamente obligada a realizar todas las tareas domésticas y de limpieza del hogar, un acto de explotación laboral infantil que se suma a los abusos sexuales. La acusada también es acusada de someter a la niña a continuos desprecios y castigos.
Considera el ICASS que la acusada es responsable de un delito continuado de abuso sexual a menores y de corrupción de menores, delitos que merecen una pena de quince años de prisión, alejamiento y prohibición de comunicar con su nieta durante ocho años, libertad vigilada tras la prisión de diez años e inhabilitación para desempeño con menores durante otros diez.
En concepto de responsabilidad civil, el ICASS solicita una indemnización para la menor de 30.000 euros. Esta suma se basa en el daño moral sufrido, la continuidad y gravedad del delito, la gran diferencia de edad con el fallecido, la relación de parentesco de la menor con la acusada y su especial vulnerabilidad por estar sujeta al control absoluto de su abuela.
La Fiscalía y la defensa no respaldan la versión del ICASS
En un giro inesperado, ni la Fiscalía ni la defensa respaldan la narrativa presentada por el ICASS. En su lugar, solicitan la absolución. Según el ministerio público, la niña comenzó a recibir atención de los Servicios Sociales por situaciones de agresividad un año después de llegar a España.
La situación de la niña se agravó con el tiempo. Su rendimiento escolar disminuyó, y se volvió violenta con sus compañeros de clase. En su hogar, la niña se sintió injustamente tratada por tener que realizar tareas domésticas. La situación empeoró aún más cuando se planteó la posibilidad de que la niña regresara a su país de origen. La niña rechazó esta opción y expresó su deseo de vivir en un centro lejos de su familia, donde reside actualmente.
Este caso pone de manifiesto la importancia de proteger a nuestros niños y garantizar su salud y bienestar. Aunque es un caso extremadamente inusual y perturbador, sirve como un fuerte recordatorio de las atrocidades a las que se enfrentan algunos niños en todo el mundo.