El Juzgado de Instrucción 4 de Vigo ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía, investigando la posible comisión de un delito medioambiental vinculado a movimientos de tierras en el nacimiento del río Lagares. Según fuentes judiciales, en el marco de este procedimiento están investigadas tres personas: el presidente de los comuneros de Cabral, un constructor vinculado a éste y un ciudadano rumano.
Con todo, ninguno de ellos ha sido citado a declarar todavía, ya que el juez ha solicitado un informe técnico a la Xunta de Galicia sobre los hechos denunciados por la Fiscalía y esperará a disponer de este informe antes de escuchar a los investigados.
Expediente sancionador y posibles consecuencias
La Dirección Central de Patrimonio Natural ha abierto un expediente sancionador contra la **Comunidad de Montes de Cabral** por las obras ejecutadas en el nacimiento del río Lagares. La propuesta de sanción es de 98.500 euros. Las obras fueron denunciadas por la **Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral (Aveeca)** en octubre del año pasado, y el **Seprona de la Guardia Civil** también había puesto los hechos en conocimiento de la Xunta.
Se abrió un expediente relativo al proyecto de los comuneros de obras de recuperación de terreno, construcción de muros de contención con un nuevo paso, mejora de presa y ampliación de paso existente en el **Aero Club de Vigo**. **Augas de Galicia** advirtió que dicho proyecto obvia las afecciones sobre el patrimonio natural y, avanzados los trabajos, el Seprona confirmó que se trataba de obras muy agresivas sobre el río, por la zona de la **Lagoa de Mol**, donde se solicitaba la autorización.
La **Guardia Civil** confirmó que se había desviado el cauce del río con una máquina excavadora y que se habían arrancado numerosos pies de árboles de ribera, en un tramo de unos 250 metros.
La situación ha generado una notable preocupación entre los vecinos y las autoridades locales, dada la importancia ambiental del río Lagares. La intervención de la Fiscalía y la apertura de un expediente sancionador reflejan la gravedad de los hechos y la necesidad de una actuación rápida y efectiva para mitigar los daños causados.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la **protección medioambiental** y la necesidad de que las obras de infraestructura se realicen con el debido respeto a los ecosistemas locales. La investigación en curso y el informe técnico solicitado por el juez serán determinantes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
La actuación de la **Xunta de Galicia** y la intervención del Seprona subrayan la relevancia de la cooperación entre las distintas entidades para la preservación del medio ambiente. La sanción propuesta de 98.500 euros refleja la magnitud del impacto ambiental causado por las obras y la necesidad de que los responsables asuman las consecuencias de sus acciones.
La comunidad local ha manifestado su apoyo a las acciones legales emprendidas y espera que se tomen medidas adecuadas para restaurar el entorno natural afectado. Este caso se suma a otros incidentes similares en la región, poniendo en evidencia la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre las actividades que puedan afectar negativamente al medio ambiente.
El informe técnico de la Xunta será clave para determinar el alcance real de los daños y las posibles medidas de restauración necesarias. La espera de este informe antes de citar a declarar a los investigados muestra la cautela del juez y la importancia de contar con todos los elementos de juicio necesarios para una correcta evaluación del caso.
La situación en el nacimiento del río Lagares es un recordatorio de la fragilidad de nuestros ecosistemas y la responsabilidad compartida de protegerlos. La comunidad espera que este procedimiento judicial sirva como un precedente para futuras actuaciones y contribuya a una mayor concienciación sobre la importancia de la **sostenibilidad ambiental**.
Este artículo refleja la complejidad del caso y la importancia de una actuación coordinada entre las distintas entidades implicadas. La intervención de la Fiscalía, la apertura del expediente sancionador y la investigación en curso son pasos cruciales para garantizar la **justicia ambiental** y la protección de nuestro patrimonio natural.
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