El Juzgado Contencioso-Administrativo suspende convocatoria de empleo público por exigir nivel de catalán «excesivo»

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona ha tomado la decisión de suspender provisionalmente una convocatoria de empleo público del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, Barcelona, debido a la exigencia de un nivel de conocimiento de lengua catalana considerado por la entidad recurrente como excesivo para las plazas a cubrir. La Justicia, en un auto con fecha del pasado viernes pero dado a conocer este lunes, ha dado la razón a la entidad recurrente, en este caso la asociación Convivencia Cívica Catalana, presidida por el abogado Ángel Escolano.

La controversia surgió en relación a la convocatoria del concurso-oposición para cubrir cinco plazas de técnico auxiliar (oficios) en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, en la que se exigía a todos los aspirantes un nivel de catalán C1 o superior, o en su defecto, la realización de una prueba de dicho nivel. Convivencia Cívica Catalana alegó que esta exigencia indiscriminada y sin justificación infringía varios artículos de la Carta Magna, según lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 46/1991.

El nivel de catalán como barrera de entrada

La asociación argumentaba que el nivel de catalán requerido no estaba justificado y resultaba desproporcionado para las plazas a cubrir, que correspondían a puestos de personal de mantenimiento de dependencias municipales. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona ha considerado que existe una apariencia de buen derecho en las pretensiones de la asociación recurrente, que busca evitar la discriminación lingüística en Cataluña y garantizar el cumplimiento de la Constitución.

La suspensión cautelar de la convocatoria impugnada tiene como objetivo evitar la exclusión de ciudadanos que no puedan acreditar el nivel C de catalán, uno de los niveles lingüísticos más altos. Ángel Escolano, en representación de Convivencia Cívica Catalana, ha afirmado que la base impugnada establece una barrera de entrada y un requisito excluyente que dificulta el acceso a la función pública para aquellos españoles que no puedan demostrar un nivel determinado de conocimiento del catalán, sin una justificación proporcional a las exigencias del puesto ofertado.

Esta decisión judicial pone de manifiesto la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, así como el respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. La polémica en torno a los requisitos de conocimiento de la lengua catalana en las convocatorias de empleo público sigue generando debate y controversia en Cataluña, donde la defensa de la diversidad lingüística y el cumplimiento de la legalidad constituyen aspectos fundamentales en la sociedad actual.