El 21 de diciembre de 2023, en la base militar de Cerro Muriano, el cabo Miguel Ángel Jiménez y un soldado sevillano perdieron la vida durante un ejercicio de entrenamiento. En respuesta a este trágico incidente, los abogados de la familia del cabo Jiménez, Francisco José Pérez y Antonio Granados, han presentado un escrito en el Juzgado Togado Central solicitando que se investigue al sargento responsable de seleccionar y colocar la cuerda que debía garantizar la seguridad durante el ejercicio.

Los letrados argumentan que el testimonio del sargento ante el Juzgado Togado Central, en el que ratificó las declaraciones previas que realizó ante la Policía Judicial de la Guardia Civil, revela aspectos que podrían indicar su responsabilidad en la tragedia. El escrito presentado por Pérez y Granados destaca que, aunque el sargento mencionó que seguía las órdenes del capitán Zúñiga y el teniente Tato, también admitió que él eligió libremente la cuerda para el ejercicio. Los abogados argumentan que, dado el conocimiento del sargento sobre el peligro del lugar y del material que estaba utilizando, debería haber comunicado a sus superiores la necesidad de suspender el ejercicio por falta de medios adecuados y la peligrosidad del entorno.

La cuerda de la discordia

El escrito también señala que había un rollo de cuerda rígida de 200 metros disponible, que habría proporcionado una mayor seguridad para los participantes en el ejercicio acuático. Sin embargo, el sargento optó por instalar cuerdas menos seguras, una decisión que los abogados califican de negligente y despreciativa hacia la vida de los participantes. Argumentan que la cuerda que se utilizó no ofrecía suficiente seguridad para una sola persona, dados sus características técnicas.

Además de la elección de la cuerda, los abogados también cuestionan la elección del lugar para el ejercicio. Según el sargento, tanto el sitio del pantano donde se llevó a cabo la prueba como los árboles donde se ató la cuerda fueron seleccionados por él. Los letrados sostienen que esta decisión también debería haber sido supervisada por la cadena de mando.

El escrito también se refiere a las condiciones atmosféricas del día del ejercicio, que podrían haber aumentado la dificultad y el riesgo del mismo. Según los abogados, el sargento, conocedor de las condiciones climáticas y del grado de instrucción de los soldados, debería haber optado por un lugar más seguro para el ejercicio.

Los abogados Pérez y Granados indican que varios testigos corroboraron estos hechos. Uno de los cabos supuestamente le dijo al sargento que lo que estaba haciendo era una locura. El teniente Tato, al ver la instalación de la cuerda, supuestamente expresó su escepticismo. Incluso el capitán Zúñiga, en un intercambio de mensajes de texto, respondió a la preocupación de que podrían tener que ir al rescate con un «esperemos que no».

Si el juez decide citar al sargento como investigado, sería el octavo involucrado en el caso. Hasta ahora, se han ordenado las imputaciones contra el capitán, un teniente y un sargento, así como contra cuatro altos cargos de la base: dos coroneles, un teniente coronel y un comandante. Este caso pone de relieve la importancia de la seguridad y el bienestar en el contexto militar y plantea importantes cuestiones sobre la responsabilidad y la supervisión en los ejercicios de entrenamiento.