En un reciente informe interno remitido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a los Servicios Jurídicos de la Junta, se concluye que las reivindicaciones presentadas por los sindicatos UGT y CCOO ante el Comité Europeo de Derechos Sociales no tienen como objetivo la evaluación de las políticas públicas consensuadas a través del Diálogo Social. Según el informe, los sindicatos pretenden garantizar su propia financiación, en lugar de centrarse en el contenido trabajado para el beneficio de los trabajadores a quienes representan.
La Junta, que aboga por un Diálogo Social eficaz, eficiente y con un coste adecuado, sostiene que los acuerdos alcanzados y en curso dentro de este marco son compromisos de conducta y no acuerdos vinculantes. Además, el informe defiende que las políticas públicas desarrolladas a través del Diálogo Social benefician a todos los ciudadanos.
El informe recuerda que el Diálogo Social institucionalizado ha ido acumulando y ampliando sus áreas de acción hasta incluir sectores tan variados como la vivienda, la dependencia, la educación y el medio ambiente. Sin embargo, el informe cuestiona la representación sectorial de los sindicatos en estos campos, argumentando que existen organizaciones con mayor representación sectorial. Además, se critica que el Diálogo Social se ha convertido en un «cajón desastre», y se sugiere que debería centrarse únicamente en asuntos de interés específico para las empresas y los trabajadores.
Se denuncia que los sindicatos UGT y CCOO no mencionan en su escrito de reclamación que una parte de los acuerdos son ejecutados por ellos mismos, para lo que reciben abundantes subvenciones. Frente a la queja sindical, el departamento dirigido por Mariano Veganzones afirma que siempre se ha cumplido con el Diálogo Social y acusa a UGT y CCOO de no haberlo ejecutado en otras ocasiones.
El informe intenta demostrar que las reivindicaciones de los sindicatos son selectivas, ya que no incluyen asuntos relacionados con el Ejecutivo central en temas tan sensibles como el Salario Mínimo Interprofesional, la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto del Becario, la Jornada Laboral o la Negociación Colectiva. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Vox, defiende que esta falta de crítica al Gobierno responde a los aproximadamente 34 millones de euros que los sindicatos han recibido de esta administración en los últimos dos años.
El informe concluye que los sindicatos muestran un interés desmedido en recuperar subvenciones que han demostrado tener efectos negativos sobre la inserción laboral, bajo la excusa de una supuesta pérdida de derechos de los ciudadanos que ya están ampliamente implantados en todo el país y en nuestra región.
El informe señala que los sindicatos consideran que las ayudas que la Junta les ha ido retirando desde 2022 se han consolidado con el paso de los años en una suerte de derecho adquirido, que la Consejería rechaza. Finalmente, el informe revela que UGT y CCOO han recibido casi 40 millones de euros en los últimos seis años en Castilla y León en varios programas vinculados al Diálogo Social. Desde la llegada de Vox a la Junta, estas cifras han disminuido significativamente. Este mecanismo, concluye el informe, se ha convertido en un medio de obtención de subvenciones para los sindicatos, que parecen más preocupados por financiar sus estructuras que por conseguir mejoras para los verdaderos destinatarios de estos fondos públicos.